El “soufflé” y la “algarabía” han terminado en choque de trenes

Lo que el Presidente del Gobierno español creía que era un simple “soufflé”, que tarde o temprano, tendría que bajar o una “algarabía”, cuando cientos de miles de catalanes salieron a las calles formando la “V” del voto que vienen reclamando, o la cadena humana de la Vía de la Independencia, que iba en un recorrido de 400 kilómetros, desde la localidad francesa de Le Pertus hasta la localidad valenciana de Vinaroz, se ha convertido en un choque de trenes que, a estas alturas, dado el tiempo perdido para buscar algún tipo de solución, es muy difícil de evitar y, sobre todo, de encauzar.

Ese tan temido choque de trenes entre la Generalitat Catalana y el Gobierno de España que tanto se temía, se producirá en los próximos días, tras la decisión del Gobierno catalán de no obedecer al Tribunal Constitucional que ha aprobado este martes, suspender el “proceso participativo” de este domingo 9 de Noviembre. Un proceso que, según el portavoz de la Generalitat Francesc Homs, no sólo se llevará a cabo, tal como estaba previsto con la ayuda de voluntarios, sino que además, al proceso precederá una demanda contra el Gobierno Central por no respetar los derechos fundamentales e ir contra la libertad de participación y de expresión de los catalanes.

Lo que en principio, era simplemente un “soufflé” y, en todo caso, una “algarabía” (Rajoy dixit), se ha convertido este martes, por lo que supone de desafío al estado de derecho y al cumplimiento de las Leyes, en un auténtico conflicto de consecuencias imprevisibles, en un país metido en una profunda crisis política, moral y social, con un desprestigio de la clase dirigente, y sumido hoy, en un clima de corrupción que está deslegitimando a los dos grandes partidos, y por encima de todo, al partido gobernante en Cataluña, que tiene su sede embargada por la corrupción, y a su fundador, Jordi Pujol i Solei, el padre de la patria catalana, investigado por graves delitos fiscales y blanqueo de capitales, uno de los mayores escándalos económicos de la historia de Cataluña. Un escándalo que afecta a él, a su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos. Algo inconcebible en cualquier país de nuestro entorno.

Con la decisión del Tribunal Constitucional, prohibiendo el sucedáneo de referéndum, al que se dirigió el Gobierno, después de un informe del Consejo de Estado en el que consideraba ilegal esa parodia de consulta independentista catalana de este próximo domingo, y la respuesta de la Generalitat anunciando que seguirá adelante y que demandará al Gobierno por abuso de poder, la única solución, según expertos jurídicos, es la intervención de la Fiscalía General del Estado, advirtiendo a Artur Mas, a su Gobierno y a los voluntarios y funcionarios que colaboren con ese proceso de participación, de las consecuencias judiciales que supone la desobediencia al más alto Tribunal de Justicia, cuyo deber es velar por el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes.

En contra de esa Constitución en la que se establece que la soberanía reside en el pueblo español (no en una parte), en contra del Gobierno por parte de una institución, la Generalitat, que representa al Gobierno central, en contra del Consejo de Estado, y en contra del Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán ha decidido llegar hasta el final y celebrar lo que describe como “proceso de participación ciudadana”, supervisado por 40.000 voluntarios en más de 1.300 centros de votación, muchos localizados en colegios. Los participantes se registrarán cuando vayan a votar porque no hay un padrón electoral nacional disponible. Es decir que estamos ante una especie de “consulta” de juguete, en la que no existe ningún padrón electoral, ni ningún control democrático, ni las mínimas garantías para que se respete cualquier resultado. Las mesas estarán constituidas solo por independentistas, no habrá interventores de la totalidad de los partidos políticos representados en el Parlamento catalán y no se garantiza la privacidad, ni el derecho al voto.

Ya antes de convocarse ese “proceso de participación ciudadana”, uno de los miembros elegidos de la Junta Electoral Catalana, Quím Brugé, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, propuesto por la izquierda Iniciativa per Catalunya Verds, dimitía de su cargo porque el  referéndum no ofrecía según él “garantías democráticas” . “Las cosas se están haciendo tan mal – declaraba Brugé – que si viniera un observador internacional creería que Cataluña es Guinea”… Pues eso…