Corrupción: el gran escándalo y la gran redada

Horas después de una semana en la que el Partido Popular ha tenido que pasar por la imputación del ex secretario general del partido, Ángel Acebes, por la utilización de la caja negra del partido para la compra de acciones de un grupo mediático, y por el escándalo del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, en el caso de las tarjetas opacas, y de que el presidente del Gobierno declarase que esos son sólo algunas “pocas cosas” de los casos de corrupción que afectan al PP, se ha producido la mayor redada anticorrupción de los últimos veinte años.

Una redada de proporciones desconocidas hasta ahora y en la que han sido detenidos alcaldes, un presidente de Diputación y, sobre todo, el consejero de la Comunidad de Madrid, y ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, un hombre de la total confianza de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Todos están relacionados por casos de corrupción,  y entre los detenidos aparecen empresarios beneficiados por contratas y favores oficiales a cambio de dinero.

Los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, han sido detenidos junto al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, al que se le descubrió recientemente una cuenta en Suiza de millón y medio de euros, y el presidente popular de la Diputación de León, en una macrooperación anticorrupción bautizada por la policía, como ‘operación Púnica’. Boza, Lechuga y Fraile figuran entre los 51 arrestados que supuestamente formaban parte de una trama de corrupción municipal y autonómica que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, y que cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros, aunque por el momento ya suman seis alcaldes de la Comunidad de Madrid arrestados. Estos son el de Collado Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, Parla y Valdemoro, la mayoría de ellos del PP, según han informado fuentes de la investigación. Por otra parte, se da la circunstancia que el presidente de la Diputación de León detenido, Marcos Martínez, solo lleva en el cargo cinco meses, ya que su antecesora, en el cargo, Isabel Carrasco, fue asesinada en mayo, en un suceso muy oscuro que todavía no ha sido aclarado y en el que aparece supuestamente implicado un importante comisario de policía destinado en la provincia de León.

Los delitos que investiga la Fiscalía Anticorrupción están relacionados con el blanqueo de dinero, la falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal, y la mayoría de ellos tienen relación con obras por valor de 250 millones, y los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de “comisiones ilegales” a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de esas obras por esa cantidad solo en los últimos dos años.

A lo largo del día se han librado 259 mandamientos a Registros de la Propiedad. Estas eran peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos, así como 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras. En estas, las autoridades han acordado bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Así mismo se han realizado 30 embargos preventivos de vehículos. Los coches, destaca la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados.

Un nuevo escándalo, después del de las tarjetas opacas y el de las consecuencias de los papeles de Bárcenas, de unas proporciones desconocidas en España y de unas consecuencias políticas que todavía no se pueden valorar, pero que supondrán un verdadero revulsivo nacional.