Mas y la Generalitat juegan al ratón y el gato

Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfonso González, Miquel Martín, Marc Marsal, Jordi Matas y Benet Salellas. Son todos catedráticos, expertos en derecho y en ciencia política y gozan de reconocido prestigio professional, y en contra de la decisión del Constitucional de paralizar el referéndum independentista del 9 de noviembre, han sido elegidos este miércoles, por el Parlamento catalán, en medio de una gran bronca política y jurídica, miembros de la comisión de control de la consulta soberanista, esa que está suspendida desde el pasado lunes. Y son también los primeros que serán denunciados a la Fiscalía, además de los 86 parlamentarios que votaron su elección, según ha anunciado el Partido Popular de Cataluña, aunque es probable que en Madrid lo frenen.

Según el criterio de los juristas del Parlamento catalán para proceder a la elección, el Tribunal Constitucional ha “matizado”, en alguna ocasión, los efectos de la suspensión y cita un auto del Alto Tribunal sobre la suspensión de una ley de Castilla-La Mancha en el que consideró que “no era inconstitucional” que una comunidad autónoma adoptara medidas consideradas “completamente imprescindibles” para la efectiva aplicación de la ley impugnada, siempre que su aprobación no se traduzca en “actos concretos de aplicación”.”Esta doctrina y la lógica que la inspira”, señala el informe, “permitiría considerar la posibilidad de adoptar actos y acuerdos de naturaleza preparatoria. Es decir, que no sean directamente ejecutivos”, y por eso no se publicará en el Boletín Oficial de la Generalitat.

De esta forma, jugando al ratón y al gato, haciendo de policía bueno (Artur Mas) y de policía malo (Francesc OMS), insistiendo en que no se saltará la legalidad (Artur Mas) y haciendo llamamientos a las movilizaciones callejeras y a la desobediencia civil (Oriol Junqueras), han transcurrido las primeras cuarenta y ocho horas desde que el Constitucional decidió admitir a trámite los recursos contra la Ley de consultas y contra el decreto de convocatoria del referéndum presentado por el Gobierno con fundados argumentos sobre la inconstitucionalidad, tanto de la consulta como de una Ley que se ha redactado y aprobado para revestir el referéndum de noviembre de una falsa legalidad.

Cataluña, desde el pasado fin de semana, está presente en los principales medios de comunicación mundiales, sobre todo, en los que se distinguen por su poder e influencia como son Financial Times, The Wall Street Journal y The International New York Times que recogen informaciones sobre la suspensión de la campaña informativa del referéndum, y también, sobre las declaraciones de los portavoces de la Generalitat que sostienen que no están dispuestos a retirar la web informativa de la consulta y que es el propio portavoz del gobierno catalán el que puede y va a actualizarla.

“Francesc Homs, portavoz de la Generalitat catalana, subraya el New York Times, insiste en que la suspensión de la campaña era temporal y “preventiva” para garantizar que los funcionarios no se arriesguen a sanciones administrativas por contribuir a la preparación de una votación ilegal mientras el Gobierno apelaba la decisión. El tribunal cuenta con cinco meses para dar un dictamen definitivo, pero el gobierno catalán dice que espera que la batalla legal se resuelva mucho antes, después de haber presentado este miércoles la petición de que se anula la suspensión, mientras los políticos consideran cuál es la mejor forma de responder a la oposición de Madrid, y que pasa porque los catalanes tomen las calles en los próximos días para ayudar a mantener vivas las ambiciones secesionistas”.

Esas ambiciones secesionistas, destaca la prensa europea, se han acentuado, al conocer los Presupuestos del Estado para el 2015, que han encendido, aún más, el debate por la independencia de Cataluña. El documento prevé una financiación para la región, la más baja, en 17 años, en términos proporcionales: 1.072,29 millones de euros, es decir 9,5% del total que el Estado prevé invertir en las autonomías. En un momento en el que Cataluña pesa 19% del PIB de España, en el que la cuestión del referéndum por la independencia está en manos de la justicia y que la tensión se extiende de la política a la calle, estos números están siendo vistos en Barcelona como una provocación.

Por otra parte, no deja de sorprender que las dos principales entidades financieras catalanas, La Caixa y el Banco Sabadell, sigan guardando un escrupuloso silencio sobre el proceso y que sea un banco extranjero, Morgan Stanley el que insista en que, probablemente, el Pacto Fiscal es una salida para la actual crisis. El banco de inversión norteamericano le da un 5% de probabilidades a una independencia unilateral de Cataluña; un 15% a una salida pactada con el Estado español; un 50% a lograr un Pacto Fiscal; y un 30% a que no exista acuerdo de ningún tipo entre ambas partes.