Pujol pretende parar las comisiones rogatorias…

Mientras sigue la polémica interna entre los partidos que apoyan el referéndum de independencia del próximo 9 de noviembre, sobre qué hacer en el caso de que el Tribunal Constitucional lo declare ilegal, el hombre que más daño está haciendo al futuro de ese referéndum, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha iniciado su estrategia judicial, junto con el penalista Cristóbal Martell, y tiene ya ultimada la querella que presentará contra los bancos de Andorra AndBank y BPI, dónde tiene depositada parte de su fortuna, aunque en los últimos meses el grueso de su inversiones y de su familia han sido desviadas a los paraísos fiscales de Luxemburgo y la Islas del Canal, por revelación de secreto.

Según se sabe un antiguo empleado de la banca andorrana ha pasado importante información al CNI (Centro Nacional de Inteligencia), información que, en estos momentos, está en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha solicitado más datos, a través de comisiones rogatorias que tanto Pujol como su familia quieren parar con el argumento jurídico de que hay datos que se han conseguido fuera de la ley y por procedimientos ilegales. El equipo jurídico de Pujol se basa en la teoría jurídica del “fruto del árbol envenenado” para pedir la anulación de cualquier prueba que se haya conseguido violando el secreto bancario a través del exempleado que ha pasado la información a los servicios de inteligencia españoles. La teoría del fruto del árbol envenenado, es la que esta invocando los abogados del caso Gürtel, tras la autorización del juez Garzón para que se grabasen conversaciones telefónicas en la prisión a algunos de los procesados, algo que le costó la expulsión de la carrera judicial.

En estos momentos, aparte de problemas con la Hacienda dónde tendrá que prestar declaración en las próximas semanas, según una citación que le ha llegado de la Agencia Tributaria y que funcionarios de la Agencia, le entregaron en mano en su residencia de verano de los Pirineos, el expresidente Pujol se enfrenta al posible procesamiento por delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, delito fiscal, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, y toda su estrategia pasa por evitar tanto para él como para sus hijos, el paso por la cárcel aunque personalmente él tiene más de ochenta años y no corre ese peligro de ingresar en prisión.

Por eso, en su confesión del pasado 25 de julio, cuando declaró que durante 34 años había tenido dinero en paraísos fiscales, quiso responsabilizarse de todo para liberar a su esposa Marta Ferrusola y a sus hijos de cualquier delito, algo que ahora es lo que están investigando los Tribunales, máxime cuando se están manejando cifras astronómicas, según las investigaciones que viene realizando la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales). Solo uno de los hijos, Oleguer, encargado de lavar el dinero de la familia, gran parte de procedente de las comisiones ilegales, ha manejado más de 3.000 millones de euros.

Todo esto es lo que está influyendo en el clima político en el que se están desarrollando los acontecimientos de cara a la Diada del próximo 11 de Septiembre, y en las tenciones internas de los partidos que apoyan el referéndum que temen que un Mas, contaminado por los escándalos del clan Pujol, haya hecho algún pacto con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el último encuentro que tuvo lugar en la Moncloa, dónde el presidente de la Generalitat se sacó de la manga un memorándum de 23 peticiones, para que Rajoy las estudiase, para el caso de que se diese marcha atrás en el referéndum si el Constitucional lo declarase ilegal.

Pero ya el principal socio de Gobierno Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y su principal dirigente, Oriol Junqueras, el que realmente lleva la iniciativa política, han advertido que no están dispuestos a aceptar la decisión de un Tribunal que ha sido nombrado a dedo por el PSOE y el PP.