Un Pujol hundido y enfermo no comparecerá en el Parlament

Todos los grupos políticos catalanes, salvo Convergencia i Unió, han aprobado la comparecencia de Jordi Pujol en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán, para que explique el escándalo del dinero negro, que durante 34 años ha tenido oculto en paraísos fiscales. La comparecencia sería, en principio, a partir el próximo 2 de septiembre, en vísperas de la Diada del 11 de septiembre, una Diada especial porque se conmemora el 300 aniversario de la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española, tras catorce meses de sitio. Esta victoria conllevó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, en 1716. Y especial, también la Diada de este año, porque dos meses después está convocado el referéndum de independencia.

Quien piense que Pujol comparecerá, en esas fechas, en el Parlamento catalán, para explicar el escándalo suyo y el de su familia, se equivoca. Ya ha empezado a correr la especie de que está enfermo, sicológicamente hundido por la evolución de los acontecimientos, prácticamente huido y sin aparecer en público, desde hace muchos días, lo que explicaría que por motivos médicos, se alegue que no está en condiciones de afrontar esa comparecencia. Por otra parte, sus abogados ya le han aconsejado que solamente declare ante los Juzgados o ante la Agencia Tributaria.

Esa decisión del Parlamento catalán cierra, por el momento, dos semanas en las que los casos de corrupción, de inhabilitación de políticos, e incluso, de ingresos en prisión, han dominado la política nacional y han tapado los buenos datos económicos de la recuperación, con la mejora del empleo, el aumento del crecimiento, la mejora de la demanda interna y las excelentes cifras del turismo, que  este año volverá a establecer un nuevo récord.

En las últimas cuarenta y ocho horas dos políticos han sido inhabilitados por casos de corrupción o por prevaricación. El expresidente del PP y de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, acaba de ser condenado 9 años de inhabilitación para cualquier trabajo o cargo público, por un delito de prevaricación continuada tras enchufar a 104 personas en el organismo que presidió hasta 2012. Por su parte, el ex Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y actual senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por adjudicación irregular de unas obras en 2003 en un edificio municipal.

Pero es que además, otro dirigente histórico del Partido Popular Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del partido, y amigo personal de José María Aznar, ha visto como el Tribunal Supremo le condenaba a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales, por lo que próximamente ingresará en prisión. Y, en prisión ingresaba esta semana, el exministro de Aznar y expresidente de Baleares Jaume Matas, para cumplir una sentencia de nueve meses por un delito de tráfico de influencias, una pena mínima comparada con los numerosos procesos que le esperan, entre ellos el de Palma Arena y el del caso Nóos, en el que están imputados entre otros Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

Todos estos episodios contribuyen a socavar más y más el prestigio de los partidos políticos aunque no deja de ser positivo que, al final, los Tribunales pongan en su sitio a quienes tanto daño están haciendo a las Instituciones del país. Pero nada de esto es comparable con la bomba de racimo con la que se ha inmolado el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al reconocer que ha tenido durante 34 años dinero negro en paraísos fiscales, fruto de una herencia de su padre que nunca declaró, y que ahora es investigada por fundadas sospechas de que oculta el dinero de comisiones durante su etapa en la que durante 23 años fue Presidente de la Generalitat, durante los que contó con la inestimable colaboración de su conseller en cap, y ex responsable de Hacienda y Obras Públicas, Artur Mas, actual presidente de la Generalitat.

El escándalo Pujol no sólo es devastador para Cataluña, para lo catalanes que creyeron en él como el héroe que iba a conducir a todos a la independencia, y para Convergencia i Unió a la que ha herido de muerte, es devastador también para España, en tanto Pujol ha sido uno de los artífices de la transición española, el político que en momentos de inestabilidad ha contribuido, previa compensación, a la gobernabilidad de un país que estaba ensayando vivir en democracia. Que, desde un órgano del estado como es la Generalitat, se haya montado el “gran engaño” es motivo suficiente como para no sólo llegar hasta el final, caiga quien caiga, sino también, para aclarar qué es lo que se sabía, quiénes lo sabían, y por qué lo han ocultado.

Estamos sólo en los prolegómenos del “gran engaño” y en los primeros efectos colaterales de la bomba de racimo con la que se inmoló el pasado 25 de julio Jordi Pujol, para salvar a la familia… Esto sólo acaba de empezar.