La difícil salida de la infanta Cristina

Coincidiendo con el primer mes de la abdicación del rey Juan Carlos, los abogados de su hija menor, la infanta Cristina de Borbón, esposa de Iñaki Urdangarin, han presentado el correspondiente recurso ante el juez Instructor José Castro, contra el auto en el que se le acusa de un doble delito fiscal y blanqueo de capitales, en relación con el escándalo del Instituto Nóos, del cual ella era vocal y del que se aprovechó en beneficio de la patrimonial Aizoon, S.L. en la que ella aparecía como administradora.

Anunciado a bombo y platillo por el abogado Miguel Roca como un recurso basado en “argumentos potentes y bien estudiados” la realidad, viendo la totalidad del escrito, es que los argumentos dejan mucho que desear si se compara con otros recursos. Por ejemplo el presentado por el socio de Urdangarin, Diego Torres, que es una auténtica bomba de relojería en tanto mantiene la tesis de que la Casa Real estaba al tanto de todo lo que se hacía en el Instituto Nóos y que todo era “validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado” ya que los servicios de seguridad, todas las semanas se encargaban de hacer fotocopias de todos los documentos del Instituto.

Según varios de los correos electrónicos aportados por la defensa de Diego Torres, el nombra de la Infanta sale a relucir en varias conversaciones en las que se habla de posibles interesados en operaciones relacionadas con el supuesto Instituto sin ánimo de lucro, que contrató eventos deportivos en las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia, por un total de seis millones de euros de dinero público que nunca se justificaron con algún tipo de actividad y que fueron conseguidos por la posición social que ocupaba Iñaki Urdangarin, casado con la hija menos del rey Juan Carlos, la infanta Cristina.

El grueso del recurso de los abogados de la Infanta, se basa en que no está demostrado, ni fundamentado los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se le atribuye, que era ajena a la Administración de la patrimonial Aizoon y a los gastos que ésta realizaba, que igualmente desconocía de dónde procedían los fondos para las reformas que se hicieron en el Palacio de Pedralbes en Barcelona en donde vivían, que no tiene los suficientes conocimientos de contabilidad y de experiencia fiscal, y que delegó, como en la mayoría de matrimonios, la gestión de los fondos comunes en su esposo.

Frente a las acusaciones del juez Castro que apunta a que hay “sobrados indicios” de que la Infanta participó de las actividades de su esposo “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera” él, mediante “la colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados” en la empresa familiar Aizoon, los abogados defensores de la Infanta no aportan nuevos argumentos e ignoran, por supuesto, los datos aportados por el socio de Urdangarin, Diego Torres, que insiste en su recurso en el papel que la Casa Real y la propia Infanta en determinados contactos que beneficiaron, en cierto modo, al Instituto Nóos.

En resumen el recurso de los defensores insiste en que la patrimonial Aizoon era una sociedad “de reducidas dimensiones” cuya gestión “le incumbía exclusivamente al esposo, en el marco general de la más absoluta confianza de mi defendida”. Precisamente, esta “confianza” de Doña Cristina en su esposo Iñaki Urdangarin es lo que se invoca para reclamar el archivo de la acusación contra ella. Por eso, los letrados consideran que la Infanta no cometió ningún delito ni “imprudencia grave” al no controlar esta sociedad ya que los fondos de Aizoon no provenían de “actividades ilícitas”.

En fin, un capítulo más de un escándalo que dura tres años, que tardará todavía unos meses en verse en juicio público y que tiene una difícil salida para la hermana del nuevo Rey. Porque si se acepta el recurso se pensará que será por presiones políticas y que, al final, no todos los españoles son iguales ante la Ley y si se rechaza estaremos ante el primer caso de una Infanta de España que se sienta en el banquillo y que va a ser juzgada por dos delitos que la dejarán marcada para toda la vida y que llevará consigo inevitables consecuencias personales y políticas.