La polémica del aforamiento del rey Juan Carlos

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha dado los primeros pasos para la aprobación del aforamiento del rey Juan Carlos y del resto de la Familia Real (las reinas Sofía y Letizia, y la Princesa de Asturias, la infanta Leonor) sólo con el visto bueno del Partido Popular, la oposición del resto de los partidos y la abstención del PSOE que, basándose en la forma en que se ha hecho y en el procedimiento utilizado,- una Ley Orgánica complementaria de Racionalización del Sector Público- no era el mejor camino para afrontar un tema de tanta trascendencia como el que este jueves se aprobará en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, antes de que pase al Senado, y entre en vigor en el plazo de quince días.

Un aforamiento exprés, dentro de una abdicación exprés, que casa mal con la explicación de que se venía preparando la sucesión en la Corona desde el pasado mes de enero y que, en cierto modo se ha acelerado, entre otras razones, por la crisis del partido socialista que ya a estas alturas, ha dejado de estar controlado por el secretario general Pérez Rubalcaba, y en pleno debate sobre su futuro de cara al Congreso del mes de julio.

Ahora son los principales candidato a suceder a Rubalcaba, Eduardo Madina, y Pedro Sánchez, los que, de alguna manera, están condicionando las decisiones políticas del grupo parlamentario. Rubalcaba, que estuvo desde el principio en los secretos de la abdicación real, pudo imponerse hace unos días y conseguir que el grupo socialista, salvo tres diputados, aprobasen la Ley Orgánica de la Abdicación. En estos momentos, no podía forzar al Grupo a apoyar una Ley sobre quienes luchan por controlar el partido, han manifestado sus dudas.

En esta ocasión, Rubalcaba no ha tenido autoridad para imponer la Ley del aforamiento al grupo socialista, que incluso ha hecho oídos sordos al histórico expresidente del Gobierno Felipe González, que a última hora y antes de la votación, ha insistido en que el tema del aforamiento “los socialistas deben temer menos dudas que nunca”.

“Quiero hacer un razonamiento histórico que se está perdiendo de vista, y me da pena que el PSOE lo pierda de vista” ha dicho González a sus compañeros de partido. Si hablamos de nuestros 130 años de historia, la primera vez que tenemos una Jefatura de Estado, encarnada por un Rey que ha sido no solo neutral desde el punto de vista de las alternancias, sino absolutamente respetuoso con la democracia y que ha ayudado a la democracia, nosotros deberíamos tener menos dudas que nunca. Y ahora parece que hay más dudas que nunca”.

En un país donde hay más de diez mil aforados, un número desconocido en cualquier otro país del mundo, es normal, según González , que el Rey debe estar sometido a la justicia, pero al Tribunal Supremo “que es el órgano jurisdiccional al que se le supone la mayor seriedad y rigor en la aplicación de la ley”.

Como escribía este lunes Pablo Sebastián en este mismo periódico todos los que se han abstenido o se han opuesto al aforamiento, mediante una Ley que no deja de ser una “chapuza jurídica”, lo que deben de hacer, en primer lugar, es renunciar a sus aforamientos personales y a la vez promocionar un proyecto urgente de ley que permita suprimir el total de los 10.000 aforamientos del país, y ahí incluida -retocando en ese caso la Constitución- la ‘inviolabilidad’ del jefe del Estado, porque nadie en España puede estar por encima de la ley.

Pero mientras todo esto llega, estamos asistiendo a un espectáculo lamentable de corte oportunista e hipócrita, donde unos aforados, que en ningún otro país de Europa tendrían ese privilegio, niegan que el Supremo sea el que, en un momento determinado, pueda juzgar a quien tanto ha hecho por la normalización política de un país que salía de una Dictadura, implantada tras una cruenta guerra civil.