Imputación de una Infanta y derechos dinásticos

La infanta Cristina tendrá que renunciar a sus derechos dinásticos si efectivamente se sienta en el banquillo, acusada por el titular del Juzgado número 3 de Palma, José Castro, de delito fiscal y blanqueo de capitales, delitos que llevan consigo una pena deprisión de once años. Esta es la primera impresión de fuentes bien informadas, tras conocer que Castro hará público el nuevo auto de imputación de la hermana del Rey, en las próximas horas. Una situación complicada para el nuevo Rey cuando sólo hace unos días que accedió a la Jefatura del estado y se decidió que las Infantas no formaban parte de la Familia Real.

Hasta ahora, y a pesar de las presiones de la Zarzuela, la infanta Cristina se ha negado a renunciar a esos derechos, que en la actualidad, son puramente simbólicos. Ella ha defendido a su esposo por encima de todo, y no ha querido hablar de separación matrimonial, convencida de que se ha cometido una injusticia tanto con él como contra ella misma, que acusa a su hermano de haber sido uno de los impulsores del alejamiento familiar que se ha producido desde hace más de un año.

Castro, que había insinuado que no daría ningún paso más en el caso Aizoon, la empresa familiar de Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, que utilizó fondos públicos del Instituto Nóos para asuntos personales, hasta que no terminasen los actos de proclamación del nuevo Rey, ha cumplido su palabra, aunque ha seguido trabajando en el caso para redactar el nuevo auto de imputación, que será recurrido por el juez anticorrupción Pedro Horrach y por los abogados defensores de la Infanta, entre los que se encuentra Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, contratado directamente por la Zarzuela.

La tesis de Castro, que viene manteniendo de forma invariable, es que la infanta Cristina debía saber que la patrimonial Aizoon fue creada con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de beneficios, que obtenía ilícitamente la Asociación Instituto Nóos, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro; que se facturaban a través de Aizoon hipotéticos servicios personalísimos que Iñaki Urdangarin prestaba a distintas entidades, sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre la renta de las personas físicas estaba obligado a hacer; que participaba en el giro cruzado de facturaciones ficticias entre las distintas entidades que conformaban el entramado societario para que equilibraran sus beneficios frente a la Hacienda Pública al objeto de tributar lo menos posible.

Igualmente a través de Aizoon, se hacía uso de los incentivos fiscales legalmente previstos para entidades de reducida dimensión sobre la base de aparentar falsamente incrementos sustanciales de plantilla, se minoraba la base imponible del Impuesto de Sociedades cargando a Aizoon en su contabilidad gastos estrictamente personales de Urdangarin y Cristina de Borbón. Por último con Aizoon se intentaba crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos socios.

En el anterior auto, que fue recurrido y aceptado el recurso por la Audiencia Provincial de Palma, el juez Castro señalaba que “la participación de Doña Cristina de Borbón en Aizoon con el 50% del capital, tenía como objetivo, en palabras del notario que intervino en su constitución, tener un escudo frente a Hacienda”. Sería, concluye el juez, “de una ingenuidad imperdonable que a Doña Cristina de Borbón se le ocultase ese objetivo, y ni que decir tiene que para ese caso, ella no lo adivinase, y prestase a ello su tácita conformidad”.

Ante el nuevo auto, los abogados defensores de la Infanta, entre los que se encuentra Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, contratado directamente por la Zarzuela, utilizarán para defender a la Infanta la llamada doctrina Botín, una sentencia del Tribunal Supremo que libró del banquillo al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares, y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del procedimiento.

En el caso de los delitos contra la Hacienda Pública -precisamente a Cristina de Borbón se le imputa un delito fiscal- el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. En la causa que instruye Castro se da la circunstancia, además, que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía se han opuesto a que la Infanta declare como imputada por lo que si se le aplicase la ‘doctrina Botín’ ésta podría librarse de la fase de juicio oral.