Caso Blasco: un caso de corrupción especialmente repulsivo

Si todos los casos de corrupción son de por sí repulsivos, el caso de Rafael Blasco, el político que más ha mandado y que más influencia ha tenido en la Comunidad Valenciana desde hace más de treinta años, y que el miércoles fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y falsedad en documentación oficial, es especialmente repulsivo.

Especialmente repulsivo porque era, según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el responsable de toda una trama organizada que ha saqueado los fondos económicos de la cooperación internacional, fondos que deberían haber ido dirigidos a montar un proyecto alimenticio y a construir pozos de agua en Nicaragua, así como a la instalación de un hospital en Haití, después del terremoto, caso este último que se juzgará la semana próxima. Y, repulsivo sobre todo, porque cuando controlaba esa trama del saqueo, él era el responsable de la ayuda al desarrollo como consejero de Solidaridad.

Repulsivo porque la corrupción en la política es moral y éticamente repulsiva. Repulsivo porque estamos hablando de un político que comenzó militando en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), una organización terrorista, y terminó en el Partido Popular de hombre de confianza, primero de Eduardo Zaplana y, después de Francisco Camps, tras pasar por el PSOE y por la colaboración estrecha con el expresidente socialista Joan Lerma.

La sentencia considera probado que Blasco, exconsejero y exportavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, forzó el procedimiento de concesión de subvenciones y presionó a funcionarios. Y que, a la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a conceder las ayudas violando los criterios legales a una fundación controlada por la trama que desvió el dinero hacia la compra de numerosos inmuebles. El fallo conocido el miércoles corresponde a la primera pieza separada del caso Cooperación, una macrocausa que tiene otras dos piezas separadas.

En la primera de esas piezas se investigaban irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado uno de los cabecillas de la trama, Augusto César Tauroni.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) considera al exconsejero, Rafael Blasco “director” de la trama corrupta, que desvió fondos públicos de Cooperación Internacional y que actuó en concierto con el empresario Augusto César Tauroni, que también ha sido condenado a ocho años de prisión, mientras que los otros siete procesados de la red tendrán que cumplir entre tres y cuatro años de cárcel.

Por último, como muestra de la catadura moral del político valenciano, que todavía no ha dimitido de parlamentario autonómico adscrito al grupo mixto (el tercer grupo más numeroso del parlamento valenciano formado por cargos del PP procesados por casos de corrupción), hay que valorar las grabaciones efectuadas por la policía durante las investigaciones en las que se oye a los miembros de la banda referirse a los países a donde debían destinarse los fondos públicos como “Negrolandia”, y afirmar rotundamente: “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”.