Rechazo general en Cataluña a la sentencia del Constitucional

Como quienes oyen llover, tanto el presidente de la Generalitat Artur Mas, como el Parlamento catalán, y por supuesto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que desde hace meses es la institución que parece estar marcando la hoja de ruta de lo que debe ser, y cómo debe ser, el futuro de Cataluña fuera de España, superando incluso al propio Parlamento autonómico, han decidido rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se anula, por unanimidad de todos los magistrados, la declaración soberanista del Parlamento catalán del año pasado, en tanto niega a la Generalitat carácter de sujeto político y jurídico soberano, ya que Cataluña, señala la sentencia, no es titular de un poder soberano, algo exclusivo de la nación española, constituida en estado

La sentencia del Constitucional hecha pública antes de que la Generalitat recusase a tres miembros del Tribunal, entre ellos el propio Presidente, no ha hecho recapacitar al presidente Artur Mas sobre la gravedad e ilegalidad de la situación y, en declaración pública, ha insistido en mantener su hoja de ruta, la convocatoria del referéndum para el próximo 9 de noviembre con el argumento de que “el proceso político continúa, porque de alguna manera, la sentencia estaba prevista y se daba por descontada, y ante cada escollo, encontraremos la manera de superarlo”.

En parecidos términos se ha manifestado la Mesa del Parlamento catalán que ve plenamente vigente la declaración de la resolución aprobada el 23 de enero de 2013, la que ha sido considerada inconstitucional, al tiempo que la Asamblea Nacional de Cataluña, (ANC), la institución que tiene en proyecto seguir por el camino de Maidan, convirtiendo la Plaza de Cataluña, en algo parecido a la Plaza de la Independencia de Kiev, ha llegado más lejos al insistir en que la sentencia del Constitucional no cambia la situación ya que “el pueblo catalán tiene la condición de sujeto político y jurídico soberano y, por tanto, las decisiones del Tribunal Constitucional español, sobre muestra soberanía, son irrelevantes”.

Este es el panorama a dos semanas de que el Congreso de los Diputados debata la proposición de Ley del Parlamento catalán por la que se concede competencias a la Generalitat para convocar ese referéndum del 9 de noviembre, con el que se pretende la escisión de España y la independencia de Cataluña, basada precisamente en que Cataluña es sujeto político y jurídico soberano, que es lo que niega el TC, que de acuerdo con la Constitución, ha vuelto a recordar que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, sin que esto signifique que se rechace el llamado “derecho a decidir”, siempre que se cambie la Constitución por los mecanismo establecidos.

El contencioso catalán, que a raíz del referéndum de Crimea, que ha permitido su separación de Ucrania y su incorporación a la Federación rusa, está siendo seguido con interés, y casi con expectación en Europa, ha tenido su reflejo en la sentencia del Constitucional que ha sido interpretada como el inicio de un “callejón sin salida”, al declarar nula e inconstitucional la declaración del Parlamento catalán de enero del año pasado y que para evitar “la humillacióńn de la derrota”, en el debate en el Parlamento nacional, el 8 de abril, el Presidente de la Generalitat ya tiene decidido que no participará en él. Pero lo que tiene todo el aspecto de convertirse en un stop definitivo en el Congreso de los Diputados, a la posibilidad de una consulta refrendaría sobre el futuro de Cataluña, corre el riesgo de radicalizar, aún más, el enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico.

Es el influyente Financial Times, el periódico que más espacio le dedica a una sentencia que supone según el periódico un duro golpe al impulso cátalán por la independencia,  ya que la sentencia anula la “declaracióńde soberanía”, emitida por el Parlamento autonómico el pasado año. También el Tribunal ha dejado claro que se opondrá a cualquier intento de celebrar un referéndum sobre la independencia, que el Gobierno catalán ha prometido para este año.

Todavía más alarmante para los líderes catalanes es que el más alto Tribunal de Españã ha dejado clara su oposición a un referéndum sobre la independencia que está previsto que se celebre en noviembre.”En el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede convocar unilateralmente un referéndum sobre la autodeterminación” afirma taxativamente la sentencia, que se esperaba en una Cataluña que, en estos últimos años, ha vivido un gran aumento del sentimiento separatista, que se refleja en manifestaciones con más de un millón de personas y al creciente apoyo a la ruptura con España.

Lo que inicialmente era un movimiento de base, la petición de independencia, últimamente, recuerda FT, ha sido recogida por los principales políticos catalanes, incluso dentro del Gobierno regional. Artur Mas, el presidente autonómico, dice que los catalanes como mínimo tienen derecho a decidir su propio futuro y ha prometido celebrar la “consulta” de noviembre, una especie de referéndum, no vinculante. Pero, la sentencia de este martes ahora ha puesto en duda la propuesta a pesar de que es probable que el Tribunal tenga que pronunciarse concretamente sobre la legalidad de la consulta dentro de algunos meses.