El “Informe Becerril” desmonta “la España de Rajoy”

Horas después de terminado el debate del estado de la nación, la defensora del pueblo Soledad Becerril, una política andaluza que proviene de los sectores liberales de la desaparecida Unión de Centro Democrático (UCD) , uno de los partidos políticos que más contribuyó a la transición política española, presentaba su informe anual que viene a ser la otra cara del estado real de la Nación, una radiografía que, en este caso, tiene muy poco que ver con la que presentó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el Parlamento, y sí con la que presentaron el líder socialista Pérez Rubalcaba, el dirigente de Izquierda Unida Cayo Lara y, sobre todo, Rosa Díez, la responsable de UPyD, que tan nervioso puso al señor Presidente del Gobierno, metido en su bucle triunfalista de la recuperación económica.

El resumen que la Defensora del Pueblo hace de los efectos de los recortes es abrumador y para encoger el corazón porque incide, sobre todo, en los problemas de pobreza en el país, en el drama de la malnutrición de la población infantil, en el hambre en amplias capas de la población, en los efectos de la pobreza en sectores de la población más excluidos socialmente, en el deterioro de los servicios sociales, en el copago sanitario, en las quejas e indignación de la población por la corrupción en la política, y en los problemas de la Justicia.

El informe Becerril recoge que ha recibido numerosas quejas referidas al malestar ciudadano por la proliferación de casos de corrupción política y económica, que reflejan la inquietud social existente en lo que ya es una de las principales preocupaciones de los españoles. La Defensora del Pueblo explica que todas estas quejas exigen una ágil y contundente respuesta a los delitos investigados y un trato judicial igualitario para todos los imputados, y muestran su rechazo a los indultos concedidos a algunos condenados. A juicio de la Defensora del Pueblo, la lucha para evitar estos comportamientos delictivos “que socavan los cimientos del Estado de derecho y resquebrajan la confianza de los ciudadanos en las instituciones” debe ser intensa, urgente y de carácter estructural.

La defensora del Pueblo aborda el dramático y grave problema de la malnutrición infantil y el efecto de la crisis sobre las economías familiares, un efecto dice, que está siendo extenso y prolongado. Por ello, revela que ha actuado de oficio para examinar el impacto de la pobreza en la nutrición de los niños. Su inquietud, es que durante las vacaciones, con los comedores escolares cerrados, se agravan las situaciones de precariedad. Becerril ha constatado la existencia de programas en las comunidades autónomas contra la exclusión social, pero reclama planes específicos para que la falta de comida no afecte «al desarrollo físico e intelectual» de los menores.

Por otra parte, se refiere a las quejas recibidas por el establecimiento del copago sanitario, y pide a Sanidad una revisión de la medida para excluir a las personas con rentas mínimas o inexistentes. La Defensora del Pueblo advierte de la contradicción que supone que los parados estén exentos del pago farmacéutico si cobran subsidio y se les obligue a abonarlo cuando se quedan sin la prestación. Rechaza el copago de fármacos en los hospitales porque no lo justifica el abuso. También rechaza que no se dé asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes irregulares.

En esta España de recortes, la defensora del Pueblo ha actuado también de oficio para solicitar información sobre el alto número de cortes de suministro eléctrico, la llamada pobreza energética, sectores de la población que no pueden ni pagar la calefacción por falta de recursos, y ha cuestionado la inclusión del rendimiento académico en los requisitos para la concesión de becas, porque el valor fundamental de esta política es que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos. Esta sugerencia tampoco ha sido atendida.

Asimismo, el documento alerta del incremento de las quejas por los precios públicos en las universidades, el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso a las becas y ayudas al estudio o los cambios en el Programa Erasmus con el curso ya empezado. Esta institución apunta que estas cuestiones son también “reflejo de las restricciones económicas”, que “convendría aliviar” en la medida en que la evolución de la economía lo permita.

En cuanto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la Defensora del Pueblo pide que se destinen recursos suficientes, como condición “imprescindible” para que la reforma alcance sus objetivos. Asimismo, advierte de la necesidad de apostar por el servicio público educativo, adaptar las instalaciones, rehacer la programación académica y lectiva, renovar los materiales didácticos y dotar al sistema de profesorado suficiente. De nuevo, en el documento de 2013, la institución que dirige Soledad Becerril advierte del uso de instalaciones precarias o barracones en algunas autonomías, como Comunidad Valenciana o Aragón. En el primero de los casos, la institución advierte de que esta administración no ha aportado información que permita conocer cuándo se van a construir instalaciones definitivas.

En resumen: El Informe Becerril es mucho más parecidos la realidad, que el Informe Rajoy, el que presentó el Presidente del Gobierno el primer día del Debate sobre el Estado de la Nación.