Drama de Ceuta: límite 24 horas

A la espera de las imágenes de lo sucedido en la ciudad fronteriza de Ceuta el pasado 6 de febrero, donde murieron 15 inmigrantes ilegales en el intento de entrar a nado en territorio español, para aclarar definitivamente el comportamiento de la Guardia Civil y de las autoridades españolas, en unos sucesos que han provocado un auténtico conflicto político nacional y la intervención de la autoridades europeas, que siguen exigiendo el respeto a los derechos humanos, pero sin ningún tipo de solidaridad con lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa, sigue el enfrentamiento político entre la totalidad de los partidos políticos y el PP y el Gobierno.

A la espera de esas imágenes que pueden aclarar definitivamente lo que ocurrió, los diversos grupos políticos de la oposición han anunciado su disposición a formar una Comisión de Investigación, si el Gobierno se resiste a entregar, en el plazo de 24 horas, las cintas con las imágenes completas de lo que sucedió en la playa del Tarajal con unos inmigrantes asediados por un lado por las fuerzas de seguridad marroquíes y, por otra, por las fuerzas de seguridad españolas, a las que se dieron órdenes, en unas circunstancias dramáticas, de disparar bolas de goma y gases lacrimógenos, sobre quienes pretendían entrar a la desesperada en territorio español, muchos de ellos sin saber nadar.

La tragedia de Ceuta tiene un regusto amargo. En los últimos días se han dado a conocer cada vez más detalles de lo acontecido a primera hora de la mañana del pasado 6 de febrero en la valla fronteriza de Ceuta. Estos detalles dan una mala imagen de la política de seguridad fronteriza española. “El objetivo no era disparar a los inmigrantes, sino hacer visible una línea disuasoria”, ha llegado a decir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el Parlamento español y para el que este mismo miércoles han vuelto a pedir la dimisión. Dimisión que volverá a ser solicitada este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados por el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). “Dispararon contra nosotros como contra pollos”, ha explicado un testigo, algo que ha forzado a la comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmström, ha exigir nuevas “explicaciones” a España y amenazar con que la Comisión de la UE tomará “medidas apropiadas” en caso de que “un Estado miembro haya violado el derecho europeo.

“Le escribo -le dice la comisaria europea al ministro del Interior- para manifestar mi seria preocupación sobre la manera en la que la Guardia Civil actuó en Ceuta el pasado 6 de febrero” y “en lo que se refiere al uso de la fuerza, le ruego que me haga llegar explicaciones relativas al uso de balas de goma durante esa operación de vigilancia en la frontera, la justificación para su uso y sus posibles consecuencias”. La eurocomisaria señala en la carta que según informaciones facilitadas por ONG y medios de comunicación, aunque esas personas no fueron golpeadas por las balas, sí “podrían haber provocado el pánico entre el grupo de inmigrantes”, algunos de los cuales “se precipitaron al mar, se ahogaron o fueron aplastados contra el muro que marca la frontera con Marruecos”.

Malmström considera en su carta que esa pesquisa “debería examinar en particular el uso de la fuerza durante esta operación y la presunta devolución ‘en caliente’ de inmigrantes a Marruecos”. En su comunicación al ministro español de Interior, la comisaria señala que los Estados miembros tienen la responsabilidad sobre la vigilancia de las fronteras externas de conformidad al derecho de la UE, “lo que debe llevarse de manera que evite o disuada” a las personas de tratar de evitar los controles en los puestos fronterizos. Y subraya “especialmente que cualquier medida de vigilancia en las fronteras debe ser proporcionada al objetivo perseguido, respetar los derechos fundamentales de las personas y el principio de non-refoulement, así como respetar la dignidad humana”. El principio de non-refoulement o “no devolución” es una norma de derecho internacional que afecta a la protección de los refugiados, para no ser devueltos o expulsados hacia lugares en que sus vidas o sus libertades podrían verse amenazadas.

Según fuentes solventes la entrega en caliente de inmigrantes, algo que está al borde de la ley, cuando no en contra de la misma ley, es lo que pretende regular en los próximos meses el Ministerio del Interior, así como dotar a la Guardia civil de una normativa clara de actuación, algo de lo que carece en estos momentos, y cuya responsabilidad no es de la Benemérita, sino de las autoridades políticas. Son las propias ONG las que han dado la señal de alerta al denunciar que desde hace doce años se está expulsando a inmigrantes de forma ilegal y que en total superan en 5.000 los ilegales que han sido objeto de estas medidas.