Drama inmigratorio sobre Melilla

La nueva oleada de inmigrantes ilegales que esta madrugada, en varios grupos, han saltado la valla de la frontera de Melilla con Marruecos, después de los graves incidentes del pasado 6 de febrero, en los que murieron ahogados al menos 15 subsaharianos en la playa del Tarajal, en unas confusas circunstancias que han producido un verdadero escándalo internacional y que han obligado a la comisaria europea de Interior a anunciar sanciones contra España, han colocado el drama de la inmigración ilegal en el primer plano de las preocupaciones políticas nacionales, hasta el punto de que ocupará parte del debate en las próximas elecciones europeas del mes de mayo.

La oleada de este madrugada, gracias a la cual 150 inmigrantes han conseguido entrar en la ciudad autónoma de Melilla sin que en ningún momento, como en otras ocasiones, se haya planteado la posibilidad de ser entregados en caliente a Marruecos, como ocurrió en los últimos días en que, a nado, los subsaharianos consiguieron pisar territorio español y fueron entregados a las autoridades marroquíes, puede repetirse en los próximos días, ya que tanto los sindicatos policiales como la propia Guardia Civil insisten en que no tienen capacidad para hacer frente a ese tipo de avalanchas.

Máxime si, como sostienen los servicios de inteligencia españoles en una información que le han filtrado este lunes al periódico El País, alrededor de 30.000 subsaharianos están asentados en Marruecos a la espera de poder entrar clandestinamente en Europa, en la mayoría de los casos a través de Ceuta y Melilla. Tras el reciente salto a la valla fronteriza de Melilla, todos los informes resaltan la “enorme presión migratoria” que hay en torno a las dos ciudades autónomas españolas. En Marruecos hay unas “bien estructuradas organizaciones criminales” que se ocupan de transportar y canalizar a los miles de inmigrantes que huyen de sus países.

Sin embargo, todas las críticas se dirigen hacia las autoridades españolas por las contradicciones en las declaraciones, por las distintas versiones que no coinciden, por la falta de coherencia entre lo que dice el director de la Guardia Civil, el ministro del Interior y la propia vicepresidenta del Gobierno que, en cierto modo, ha desautorizado a todos, sin saberse a estas alturas si realmente se está aplicando la Ley de Extranjería, esa que según Sáenz de Santamaría hay que reformar o, por el contrario, se está dejando todo en manos de la Guardia Civil sin un protocolo claro sobre la forma de actuar.

Estos días la mayoría de los medios internacionales se está centrando en la actuación de la Guardia Civil, sin reconocer que, en todo caso, simplemente está cumpliendo órdenes. La Guardia Civil, sostiene el periódico francés Liberation, está en el banquillo de los acusado, porque se le reprocha el no haber respetado los derechos de los inmigrantes usando una violencia excesiva en los puntos de paso entre los enclaves ocupados de Ceuta y Melilla y el resto de Marruecos. Se les acusa también de recurrir regularmente a las expulsiones ilegales, al empleo de la fuerza y a las detenciones masivas fuera de cualquier marco legal. Una carta abierta, dirigida al embajador de España en Rabat, por parte de ocho asociaciones marroquíes que se ocupan del respeto a los derechos de los inmigrantes irregulares, indica que desde diciembre de 2013 “los inmigrantes detenidos en los alrededores de los enclaves españoles son regularmente entregados a las autoridades marroquíes por la Guardia Civil y ya no son expulsados por la frontera argelina, sino llevados a ciudades del interior del país al margen de cualquier marco legal”. En la carta se recogen los testimonios de decenas de personas que formaban parte del grupo de inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado 6 de febrero por la mañana y que han declarado que “las fuerzas del orden españolas atacaron sus embarcaciones y a ellos mismos con balas de goma y gases lacrimógenos cuando estaban solicitando auxilio…”

Sin embargo, los responsables no son los miembros de la Guardia Civil, que se limitan, en todo caso, a cumplir órdenes, y en eso parece que el Gobierno no ha dado lo suficiente la cara por ellos, en una situación en la que hay un desbordamiento que no depende solamente de España, sino del resto de Europa que se lamenta en demasía pero que no es solidaria con la situación que se vive en esa frontera sur del continente.

El pasado mes de septiembre,  en un texto propuesto por España a la Unión Europea, se expresaba de manera inequívoca que “se debe hacer más” para prevenir sucesos como los de Ceuta o Lampedusa,  y subrayaba que “se necesita una respuesta europea determinante basada en la prevención, protección, solidaridad y un reparto justo de las responsabilidades, de acuerdo con el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE”.

La propuesta reclama “medidas específicas para frenar la inmigración ilegal (…) en particular reforzando las actividades de Frontex, la asistencia y solidaridad con los estados miembros que están en la ‘primera línea’ de estos flujos y con una lucha contra las mafias que trafican con seres humanos más efectivos”. Es al fin y al cabo lo que piden los miembros de la UFP (Unión Federal de Policía): una mayor implicación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), porque Ceuta y Melilla “no tienen ni infraestructuras ni medios” para aguantar esta presión migratoria. “Europa cierra los ojos, pero la situación es desesperada. Pedimos ayuda a Europa porque esto no es sólo un problema de España sino de la Unión Europea”.