Declaración judicial de una Infanta

Casi siete horas ha durado el interrogatorio al que el juez y el fiscal del caso Nóos han sometido a la Infanta Cristina, imputada por supuestos delitos fiscal y blanqueo de capitales, en una jornada histórica en la que por primera vez un miembro de la Familia Real se ha sentado en el banquillo. Preparada concienzudamente por sus abogados y por un asesor de imagen, la Infanta en ningún momento, según los abogados que han estado presentes en la Sala -presidida por un retrato de su padre, el Rey- ha tenido síntomas de hundimiento personal sino que, muy tranquila, ha respondido a casi medio millar de preguntas del Juez Castro y del fiscal Horrach.

Por consejo de sus abogados, y de acuerdo con los derechos que le asisten, ha contestado con vaguedad (no sé, no me acuerdo, lo ignoro…) a las preguntas más comprometidas por lo que, según fuentes de la acusación popular, es muy difícil conocer la verdad de los hechos que se juzgarán probablemente dentro de un año. Toda su defensa y todas sus respuestas han girado en torno a que ella no tenía ninguna responsabilidad en Aizoon, que su marido es el que decidía todo, que ella firmaba lo que él le presentaba porque tiene plena confianza en él, que no tenía conocimientos de contabilidad, que no ejercía funciones de administradora, que todo estaba en manos de su marido, que sabía que su padre le había dicho a su marido que cerrara el Instituto Nóos y que desconocía el origen del dinero que entraba en la patrimonial Aizoon.

Cuando en la Navidad de 2012, en pleno escándalo mediático y judicial de Iñaki Urdangarin, el Rey Juan Carlos, refiriéndose a su hijo político, aseguraba que todos los españoles eran iguales ante la Ley, nunca pudo imaginar que su hija menor, la Infanta Cristina, el miembro de la familia Borbón más independiente y que siempre quiso vivir alejada de la Zarzuela, tendría que sentarse en el banquillo delante de un juez para defenderse de haber cometido un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales a través de Aizoon.

Aizoon es una de las empresas pantalla usadas para el desvío de 6,1 millones de euros por su marido Iñaki Urdangarin junto con su exsocio Diego Torres, a través de la fundación Nóos, una empresa supuestamente sin ánimo de lucro, que su esposo presidió entre 2004 y 2006.

Los delitos que se le imputan a Urdangarin, entre ellos el de tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa (dictar a sabiendas resolución injusta), fraude a Hacienda y malversación de caudales públicos, difícilmente se podrían haber cometido sin el conocimiento y aquiescencia de su esposa, según el juez, José Castro.

Aunque la Fiscalía insiste en que la cuantía de los gastos personales de la Infanta no alcanza la categoría de delito fiscal, el juez instructor ha descubierto que la contabilidad de Aizoon deja a la vista, desde 2004, gastos dedicados a la renovación de la residencia familiar por 436.703euros, o gastos privados por un total de 262.120, euros, que no habrían sido declarados a Hacienda.

Según ha salido a relucir en el interrogatorio al que ha sido sometida este sábado la Infanta, el juez ha hecho un detallado inventario de los gastos personales facturados a Aizoon, algunos anecdóticos, como una factura de julio de 2009 por la compra de una vajilla por importe de 1.741,55 euros, y cuya conexión con las actividades de Aizoon SL, que fue quien la abonó, es difícil de entender. O el pago de un curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar, o la contratación de un cóctel para 81 personas para el bautizo de uno de los hijos del matrimonio.

Si la imputación de Iñaki Urdangarin ha hecho un daño irreparable al Rey y a la Monarquía, hasta el punto de que la figura de Don Juan Carlos se ha hundido en las encuestas y cada vez son más las voces que le piden que abdique en su hijo el Príncipe Felipe, la imputación de su hija ha sido interpretada (Ver el periódico británico ‘The Times’ que llega a decir que con la imputación de la Infanta “toda la Monarquía va a juicio”) , como un nuevo golpe a la Institución en unas circunstancias en las que hay una pérdida de apoyo y un malestar creciente, aunque desde la Casa Real se insiste en que (ver de nuevo The Times) ”aunque se vean tantas banderas republicanas en las calles, en el fondo la Monarquía sigue teniendo un fuerte apoyo”

Si bien a los españoles ya no les sorprende que la Infanta Cristina esté involucrada en los asuntos sospechosos de su esposo, la verdad es que un juicio contra un miembro de la Casa Real es algo excepcional e histórico, ya que es la primera vez en la historia de España que alguien que está en la línea de sucesión a la Corona comparece ante un Tribunal por sospechas de haber cometido delito fiscal y blanqueo de capitales de acuerdo con su marido que, sorprendentemente, nunca ha declarado públicamente ni ha insistido en que su esposa no tenía nada que ver con la empresa investigada y que toda la responsabilidad era exclusivamente suya.

Ese silencio de Urdangarin que no se entiende, a menos que quiera protegerse en instancias superiores, y su empeño en no llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal es lo que ha provocado que el sumario se haya prolongado y, al final, haya sido imputada la Infanta Cristina, que ha prestado declaración este sábado durante horas y horas, algo que quedara marcado en la historia de España y cuyas consecuencias políticas son difíciles de prever, incluso en el caso de que se produzca la desimputación y se decrete su inocencia.