Panamá: golpe a la Marca España

El contencioso del Canal de Panamá en el que se encuentra atrapada la constructora española Sacyr, que este miércoles ha vuelto a hundirse en Bolsa, ante el fracaso de las conversaciones del consorcio (GRUPC), Grupo Unido para el Canal, que lidera la constructora española, y la autoridad del Canal, y las peripecias que rodean el caso, han convertido las obras de ampliación del Canal de Panamá, una de las más importantes obras civiles de este siglo, en un auténtico conflicto internacional en el que no solamente se juega el prestigio de un país, como Panamá, que quiere que la obra se termine en el plazo previsto sin sobrecostes, según contrato, sino el prestigio de la “Marca España” y la seriedad de las principales constructoras españolas que han tenido que internacionalizarse para superar la crisis Lo que está ocurriendo entre España y Panamá amenaza con deteriorar las relaciones entre los dos países, además de echar por tierra, todos les esfuerzos que se han hecho para aumentar la presencia española en el mercado latinoamericano, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y los efectos de la crisis económica.

El anuncio este miércoles del administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, de que el consorcio encargado de la construcción del tercer juego de esclusas ha dado instrucciones a sus empleados y contratistas para paralizar por completo, en el Atlántico y en Pacífico, el principal proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, ha producido verdadera consternación en el país sobre todo después de que el administrador del Canal asegurase que el Consorcio del que forma parte Sacyr “había ejecutado sus amenazas”. El consorcio advierte de que están en “riesgo inminente” 10 mil puestos de trabajo y de que “sin una solución inmediata, ACP y el Canal de Panamá enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado al proyecto al borde del fracaso”.

En concreto, y citando estimaciones de la a aseguradora del proyecto, Zúrich American, GRUPC augura que se producirá un retraso en la obra de entre tres y cinco años, situación que “dejará una sombra continua sobre la ACP y el Canal de Panamá”, y causará un “impacto sobre los puertos y las empresas de toda América y el mundo que han realizado inversiones y planes en base al proyecto de expansión”. Rotas las conversaciones y ante la falta de liquidez del consorcio, que alega sobrecostos en la obra por $1.600 millones, GRUPC enfrenta la “incapacidad inmediata” para pagar a subcontratistas de Panamá y de otros países

La suspensión de las obras de ampliación del Canal, ante la negativa del Canal a pagar un sobreprecio de 1.200 millones de euros, por problemas surgidos durante las perforaciones y por el tipo de conglomerado de cemento que ha habido que cambiar (los panameños sostienen que Sacyr hizo una oferta a la baja para ganar el concurso, algo que fue denunciado por su principal contrincante, la empresa norteamericana Bechtel), es un escándalo de dimensiones internacionales, algo para lo que Panamá se está preparando, hasta el punto, que han hablado con el vicepresidente norteamericano Biden para que sea la empresa norteamericana perdedora del concurso, la que se encargue de las obras de ampliación que, con todos estos incidentes, no se terminarán en el plazo previsto, como hubiera querido el presidente Martinelli.

El consorcio, liderado por la empresa española Sacyr y a cargo de la construcción del nuevo carril de esclusas, el principal componente de la ampliación, en la que las puertas ya están construidas pero sin trasladar a Panamá como medida de presión de la empresa italiana Impregilo, que forma parte del consorcio constructor, asegura que tiene problemas de liquidez y exige a las autoridades del Canal que se le reconozcan sobrecostes por 1.600 millones de dólares (la mitad de lo que se comprometió por contrato con el Canal) para culminar los trabajos. La agrupación de empresas, que incluye a la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, se adjudicó la licitación del proyecto a mediados del 2009 por 3.118 millones de dólares, una cantidad sensiblemente menor de la que se partía en el presupuesto fijado en 4.166 millones, algo que produjo el asombro del resto de los licitantes entre ellos el consorcio formado por ACC, Fomento de Construcciones y Contratas y Acciona.

Las partes, a las que se ha incorporó la aseguradora Zúrich que se ha negado tajantemente a poner 400 millones como pedía en un plan B, la Autoridad del Canal, después de numerosas reuniones, no han podido acordar la fórmula financiera para inyectarle dinero a los trabajos, que llevan un adelanto de 65%. La ampliación de la que se habla y por la que pasará un seis por ciento del comercio marítimo mundial, tiene un costo total de 5.250 millones de dólares, y busca duplicar la capacidad operativa del canal de 99 años de antigüedad. El conflicto inquieta a Panamá y a las empresas navieras ante la posibilidad de que la mega obra pueda sufrir más retrasos. El proyecto, que ya arrastra un atraso de nueve meses, debe estar listo para mediados del 2015, fecha que si no se cumple, después del primer retraso, provocará nuevas crisis ya que después de la paralización de las obras y a la espera de un arbitraje, el retraso puede llegar hasta los cinco años.

Es decir que estamos no sólo ante un conflicto de una empresa que jugó con un precio excesivamente bajo para obtener un contrato, que obtuvo el favor del Gobierno socialista de turno con avales concedidos en contra de todos los criterios establecidos, violando las reglas, sino también, ante un problema diplomático, y cómo no, ante la posibilidad, que sería de auténtico escándalo de que, al final, debido a los avales, con dinero del contribuyente hubiera que pagar un desaguisado empresarial.