Alarma sobre la pobreza infantil

Entre casos de corrupción, noticias económicas que anuncian un futuro esperanzador, luchas internas dentro del partido en el poder y conspiraciones en el principal partido de la oposición, correrías, corruptelas, subebajas de la Bolsa, y peticiones de la Troika de nuevas bajadas salariales, una cifra, 2.826.549, ha pasado desapercibida, casi ignorada. Pertenece el dramático diagnóstico de la ONG Save the Children y corresponde al numero de niños que viven en la pobreza o en la exclusión social en nuestro país, lo que significa el 38,7 por ciento de la población infantil española.

Los máximos responsables de la ONG, han denunciado que “las iniciativas tomadas hasta el momento son insuficientes” para hacer frente a este drama y exigen al Estado que “cumpla con su obligación” y “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de la infancia en España”. “Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños.

En España, la inversión en política social en general y en infancia en particular está lejos de considerarse como una inversión. El porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25, 19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea, lo cual evidencia su escasa capacidad para reducir la pobreza infantiles, y además, los profesionales de Save the Children que realizan intervención directa con familias en riesgo de pobreza o exclusión social constatan un empeoramiento de las condiciones de vida de los niños que participan en los programas.

No debemos olvidar que los derechos humanos son líneas rojas que ninguna política debe traspasar. Garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza y tiene un retorno económico que será la base de una sociedad más próspera y cohesionada.

Save the Children denuncia que los primeros derechos que se pueden ver comprometidos cuando una familia se encuentra en dificultades económicas es el derecho a un nivel de vida adecuado, que se puede deber a la eliminación y reducción de las prestaciones sociales o incluso a los desahucios, el derecho al nivel más alto de salud, donde preocupa la inadecuación de las viviendas y alimentación de los niños o la exclusión de inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Además, la organización destaca el derecho al descanso y el juego, a ser protegido frente a la violencia y el derecho a la educación. “Preocupan los recortes o la insuficiencia de las becas, en especial la de comedor” a lo que añadieron los “gastos ocultos” como son las excursiones, libros o transporte. “Muchas madres se ven en la situación se escoger entre comprar comida o libros para sus hijos” ha señalado Aurora Ferreres, una de las responsables de la ONG.

“Sería un gravísimo error que la economía nos desviase de las personas”.  Esta situación se ha exacerbado en tiempos de crisis, tal y como reflejan los datos de Eurostat. “Hasta 2009 estábamos rebajando la tasa de riesgo de pobreza, llegamos hasta un 26,2 en 2009″. Después de esa fecha, la cifra no ha parado de crecer “en 2010 la tasa de riesgo de pobreza pasa a un 29,8, tres puntos más que el año anterior, en 2011 vuelve a crecer un punto y en 2012 da uno de los mayores salto creciendo más de tres puntos y alcanzando una tasa de 33,8 “afirma Alberto Soteres, director general de a ONG.

Para luchar contra la pobreza infantil en España, Save the Children pide a los poderes públicos que realicen un diagnóstico riguroso de la situación de pobreza infantil, que definan una estrategia común en todos los ámbitos que afectan a la infancia, que destinen los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar de manera eficaz este problema, que aumenten la transparencia de la información relativa a los recursos públicos destinados a la infancia y que elaboren un Plan de Apoyo a las Familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea: “Invertir en la infancia es romper el ciclo de las desventajas.