La infanta Cristina dispuesta a hacer el “paseíllo”

La infanta Cristina de Borbón, imputada por el juez José Castro en un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales, está dispuesta a hacer el “paseíllo”, recorriendo a pie todo el trayecto que va desde la calle hasta la sede del Juzgado de Palma de Mallorca el próximo día 8 de febrero, según fuentes jurídicas conocedoras del caso, fuentes además que creen que el escrito del fiscal anticorrupción Pedro Horrach hecho público este miércoles, no le hace ningún favor a la Infanta, sino todo lo contrario.

La polémica del “paseíllo” , la ha estimulado el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el personaje menos indicado para entrar en esa polémica, por el cargo que ocupa, y sobre todo, porque forma parte del proceso, en tanto el fiscal depende jerárquicamente de él, a través de la Fiscalía Anticorrupción y del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. La forma en que tienen que comparecer imputados y testigos no está regulada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. En principio, y sin invocar la igualdad ante la Ley, porque la Ley no regula como tienen que hacerse esas comparecencias, la realidad es que, en numerosos casos de corrupción, personajes conocidos han tenido que pagar el “plus” de lo que se llama “pena del telediario”, después de ser insultados a lo largo del recorrido que va desde el vehículo en el que llegan, hasta la misma puerta del Juzgado.

A Urdangarin, por medidas de seguridad, el juez decano de la Audiencia de Palma de Mallorca le eximió de hacer el “paseíllo”, si bien éste quiso hacer el recorrido, aprovechándolo para hacer sus primeras declaraciones a la prensa. Lo mismo que hará su esposa, la infanta Cristina el día 8 de febrero, nueva fecha que ha fijado el juez Castro, al margen de lo que, en esta ocasión, decida el mismo decano, que no se dejará influir por la posición que viene mantenido el señor Ruiz Gallardón que no le hace ningún bien a la Infanta.

Es también lo que cabe deducir del escrito, hecho público el miércoles, del fiscal Pedro Horrach que fue tramitado, después del conocimiento que de él tuvo el ministro de Justicia a través del señor Torres Dulce. Al margen del contenido jurídico del escrito en el que el Horrach, pide la declaración de los funcionarios de la Agencia Tributaria que sostienen que no hay elementos para la acusación de delito fiscal y blanqueo de capitales, (la declaración se producirá el 25 de enero) para que despejen algunas dudas que pone de manifiesto el juez a lo largo de su auto de 227 folios (todo un tratado de Derecho), que lo más grave del texto está en el tono con el que se trata al magistrado, en las insinuaciones que contiene, y según ha denunciado la asociación de jueces Francisco de Vitoria, en expresiones “impertinentes y ofensivas” y en “acusaciones muy graves a la actuación del juez instructor”.

Leyendo el escrito de trece folios del fiscal Horrach no se entiende por qué, con esos mismos argumentos, no haya presentado el correspondiente recurso, que era su obligación como fiscal (a menos que se lo hayan pedido sus superiores, que vuelven a terminar en el ministro de Justicia), prescindiendo de las críticas y de los ataques personales, a los que no ha querido responder, por el momento el juez Castro, aunque si la Asociación profesional Francisco de Vitoria, que recuerda que en este caso debería haber intervenido el Consejo General del Poder Judicial, un Consejo nombrado casi su integridad, por el Ministro Gallardón, y que por sus primeros pasos parece vivir en otro mundo.

“Ante el silencio del Consejo General del Poder Judicial”, la asociación pone de manifiesto que le parece “intolerable” en un Estado de Derecho la “grosera campaña de desprestigio” emprendida contra Castro “por ciertos medios de comunicación, campaña plagada de críticas vejatorias y ataques personales al juez que alcanzan incluso a su vestuario a las que se suma ahora, de modo incomprensible el citado individuo del Ministerio Fiscal, órgano teóricamente llamado a ser garante de la legalidad” “En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica”, añade la nota “pero cuando esa crítica se convierte en ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado, que debería ser inmediatamente abortado por el órgano constitucional encargado de defender la independencia judicial: el Consejo General del Poder Judicial”.

Como se ve, todo un espectáculo que no beneficia, ni a la Infanta, ni a la Justicia, ni a su máximo órgano de Gobierno, que ha comenzado con un mal pie y cuyo nombramiento ha alertado al propio Consejo de Europa que ha mostrado su preocupación por la forma en que se eligen los altos cargos del poder judicial, y pide que se modifique por ley este sistema para asegurar una completa independencia del poder político”.