Imputación de una Infanta

Por segunda vez en el plazo de nueve meses, el juez José Castro, encargado del caso Nóos, ha imputado a la hija menor del Rey, la infanta Cristina de Borbón, esposa de Iñaki Urdangarin, por un supuesto delito fiscal, y otro de blanqueo de capitales. En abril de 2013 el juez Castro, en base a indicios y pruebas recogidos durante todo el proceso, cambió de opinión con respecto a la infanta y decidió imputarla aludiendo a la máxima de que «la justicia es igual para todos».

Según el auto del 13 del mes de abril, si bien no existían evidentes indicios racionales de que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos, sí que existían suficientes, de que prestaba su consentimiento a que su parentesco con S.M. el Rey, fuera utilizado por su marido y por su socio, Diego Torres Pérez, “a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas”.

En abril, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca rechazaba la imputación y aconsejaba al juez Castro que investigase si había delito fiscal o blanqueo de capitales en la actitud de la Infanta, algo que el juez Castro, después de numerosos informes y pruebas de a Agencia Tributaria, a la que critica duramente, ratifica en un extensísimo auto que supera los doscientos folios, y en el que al final del mismo hace una severa crítica al fiscal, que ha hecho todo lo posible por salvar a la Infanta, lamentando que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, “trámite éste que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente nadie se escandalice, se habría precisado escribir, poco menos, que un tratado de derecho procesal”, insinuando de este modo, que se ha producido un trato de favor hacia la hija del Rey.

La hija del Rey, según el auto, debía saber que la patrimonial Aizoon fue creada, con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de beneficios que obtenía ilícitamente la Asociación Instituto Nóos, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro; que se facturaban a través de Aizoon hipotéticos servicios personalísimos que don Iñaki Urdangarin prestaba a distintas entidades, sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre la renta de las personas físicas estaba obligado a hacer; que participaba en el giro cruzado de facturaciones ficticias entre las distintas entidades que conformaban el entramado societario para que equilibraran sus beneficios frente a la Hacienda Pública al objeto de tributar lo menos posible.

Igualmente a través de Aizoon, se hacía uso de los incentivos fiscales legalmente previstos para entidades de reducida dimensión sobre la base de aparentar falsamente incrementos sustanciales de plantilla, se minoraba la base imponible del Impuesto de Sociedades cargando a Aizoon en su contabilidad gastos estrictamente personales de Don Iñaki Urdangarin y Doña Cristina de Borbón. Por último con Aizoon se intentaba crear un patrimonio familiar a repartir por mitad entre ambos socios.

En el auto, el juez Castro señala que “la participación de Doña Cristina de Borbón en Aizoon con el 50% del capital, tenía como objetivo, “en palabras del notario que intervino en su constitución, tener un escudo frente a Hacienda”. Sería, concluye el juez, “de una ingenuidad imperdonable que a Doña Cristina de Borbón se le ocultase ese objetivo, y ni que decir tiene que para ese caso, ella no lo adivinase, y prestase a ello su tácita conformidad”.

La imputación de la Infanta, citada a declarar el próximo 8 de marzo, no ha sorprendido en el Palacio de la Zarzuela, que en esta ocasión se ha limitado a señalar que respeta las decisiones de los Tribunales, sin entrar en ningún tipo de polémica, como ocurrió en la imputación anterior. De todas formas, es la primera vez que alguien de la Familia Real, tiene que comparecer ante los Tribunales imputada en delitos tan poco edificantes, como el delito fiscal y el blanqueo de capitales, e imputada además, en unos momentos en los que la Monarquía española atraviesa sus peores momentos, por la situación médica y física del Rey, por los escándalos de corrupción que han contaminado la vida política nacional y que ha llegado hasta el Palacio de la Zarzuela, y por el grado de deterioro político en el que viven muchas de las Instituciones del Estado.

Tras la imagen de cansancio, dubitativa del Rey, en su discurso ante la cúpula militar el pasado día de Reyes, la noticia de la imputación de su hija, veinticuatro horas más tarde, es un dato más de los momentos malos que está viviendo la Monarquía, y cuyo final, a estas alturas, se presenta como imprevisible.