Se complica el desaguisado de Sacyr en Panamá

La amenaza de la constructora Sacyr de suspender el 20 de Enero las obras de ampliación del Canal de Panamá, una de las mayores obras civiles de este siglo, si no se acepta un sobreprecio de 1.200 millones de Euros por problemas surgidos durante las perforaciones y por el tipo de conglomerado de cemento que ha habido que cambiar, puede convertirse en un grave problema político entre Panamá y España, en un conflicto interno para el presidente panameño Ricardo Martinelli, que está punto de terminar su mandato y en un eventual contencioso para el Gobierno español que, según se acaba de saber, avaló con una empresa aseguradora pública, Cesce, parte de los compromisos de Sacyr, en su empeño en que la constructora española fuese la ganadora del concurso del Canal en 2009.

Coincidiendo con la mediación que está intentando ejercer la ministra de Fomento española Ana Pastor en Panamá, dónde este lunes se ha entrevistado con el presidente Martinelli, antes de que éste se traslade a Madrid para continuar las conversaciones que pueden complicarse más y más, se ha iniciado toda una campaña en contra de este tipo de mediación, que quitarían poder a la ACP (Autoridad del Canal), un organismo totalmente autónomo e independiente. La única mediación posible, se insiste desde el Canal, es el cumplimiento estricto del contrato con la ACP y, ese contrato, en lo que se refiere a la subcláusula 16.1, que invoca Sacyr , como cabeza del consorcio GPUC, en el que, además de la empresa española, está la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, está mal invocada porque sólo puede aplicarse cuando la ACP incurra en un impago de las cuentas del contratista, lo cual no ha sucedido, Lo que indica que el caso del sobrecosto, con el que temerariamente ha jugado Sacyr, no es aceptado por el Canal y cualquier diferendo o reclamación, tendrá que seguir los trámites por los que jurídicamente se rige el Canal, cuya última instancia de reclamación está en la Junta de Resolución de Disputas, y en el arbitraje internacional en un Tribunal de Florida (Estados Unidos).

Por otra parte, son muchas las voces que se están alzando contra el presidente Ricardo Martinelli, en tanto está violando la Constitución al involucrarse en el conflicto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que reclama ese sobrecosto de 1.200 millones en la construcción del tercer juego de esclusas, y que supone la mitad de la cantidad total, que pidió Sacyr por el proyecto. Abogados constitucionalistas y expertos en derecho internacional aseguran que Martinelli ni siquiera puede opinar sobre este conflicto, pues estaría poniendo en peligro las relaciones diplomáticas de Panamá y los países de donde provienen las empresas involucradas en el conflicto.

Según estas fuentes, el presidente no debe firmar ni hacer declaraciones en público, en tanto pueden ser interpretadas como la posición de la ACP. ‘Martinelli no puede inmiscuirse directamente en los asuntos internos de la ACP, porque esta se maneja con una estructura autónoma especial que la sustrae de las políticas que maneja el Gobierno’, recuerdan fuentes jurídicas que insisten en que el presidente no debe interferir en los asuntos contractuales de la vía interoceánica, pues estaría violando el título 14 de la Constitución, que estable que la ACP se regirá como una entidad autónoma.

Lo que a estas alturas está más claro, en plena polémica por la mediación que se ha iniciado en el país centroamericano, es que la posible paralización de las obras de la ampliación del Canal de Panamá, para lo que los panameños ya han sondeado a empresas norteamericanas para que se hagan cargo de la situación, por parte de la constructora Sacyr, implicada en el escándalo de donaciones al Partido Popular a cambio de contratos en Ayuntamientos y Autonomías, se ha convertido en un auténtico problema de Estado, por la mediación y la presión del anterior Gobierno socialista en la concesión de la obra a la empresa española ; por el daño que hace al resto de las constructoras españolas en obras en numerosos países de América Latina; por el perjuicio que causa a la ya deteriorada Marca España y por último, según se acaba de saber, por la gravedad de la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre avales económicos prestados por la compañía pública aseguradora Cesce y, otorgados en contra de los criterios técnicos y normas legales por presiones del Gobierno Zapatero que apostó, con todas sus consecuencias, por la compañía que presidía el empresario ” amigo” de la Moncloa , Luis del Rivero.

Estamos no sólo ante un conflicto de una empresa que jugó con un precio excesivamente bajo para obtener un contrato, que obtuvo el favor del Gobierno socialista de turno con avales concedidos en contra de todos los criterios establecidos violando las reglas, sino, también , ante un problema diplomático y, como no, ante la posibilidad, que sería de auténtico escándalo de que al final con dinero del contribuyente hubiera que pagar el desaguisado empresarial de Sacyr en Panamá.