2013: un año para olvidar en tiempos revueltos

Como todos los años, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, han comparecido ante la prensa para hacer balance, según sus puntos de vista, del año que termina, e intentar situar al ciudadano en la perspectiva del año que comienza, un año 2014 en el que se producirán las elecciones al Parlamento europeo, el primer test electoral que se produce desde la llegada del PP al poder en plena crisis económica.

Para el Jefe del Gobierno, orgulloso de que el país no haya sido rescatado, y de que la prima de riesgo se haya situado en unos márgenes razonables (230 puntos) para la financiación de la abultada Deuda Pública, a punto de alcanzar el 100 por % del PIB, éste que viene, será el año de la recuperación, después de años de recesión y de duros ajustes. De todos modos el déficit público no anda tan bien como debiera y entre enero y octubre el déficit reconocido por la Intervención del Estado es de 37.000 millones de euros, mientras la Deuda Pública, según recordaba, hace unos días, el prestigioso economista José Carlos Díaz, en El País, va a acabar el año próximo en un billón de euros, 100.000 millones por encima del año pasado.

Para el líder de la oposición, de hecho, con el rescate de la Banca, un rescate que le costará al ciudadano cerca de 38.000 millones de euros, ya es suficiente y han sido el Banco Central Europeo (BCE), y su presidente Mario Draghi, los verdaderos artífices de esa razonable prima de riesgo, que ha evitado un rescate soberano, al que se ha venido resistiendo Rajoy, a pesar de todas las presiones de dentro y fuera del país.

De esta forma, se abre 2014 con buenas perspectivas económicas, no tan buenas y triunfalistas como promete el Presidente del Gobierno, que terminará la legislatura con más parados que cuando la comenzó hace ahora dos años, pero con un crecimiento escaso que no tirará del empleo con la fuerza que necesita una economía como la española, progresivamente “pekinizada”, con salarios devaluados y derechos sociales retocados, y tan competitivos que nos estamos convirtiendo en la China de Europa, y no en la nueva Alemania como han llegado a pronosticar algunos expertos, entusiasmados con ese “boom” que dicen que se producirá en la próxima década. Sin embargo esa recuperación que tanto anuncian Rajoy y su Gobierno, tardará en notarse en las economías familiares, unas economías que han sufrido mucho durante los últimos cinco años, y que tendrán que enfrentarse, próximamente, con una nueva reforma fiscal que el Gobierno quiere suavizar de cara a las autonómicas, municipales y generales de 2015, pero que tendrá que consultar con Bruselas.

Pero si por algo se ha caracterizado 2013, ha sido por esa crisis económica que nos ha hecho a todos más pobres, que ha creado grandes bolsas de exclusión social, que ha contribuido a que aparezca la desnutrición infantil, el aumento de la pobreza extrema en millones de españoles y la marginación de grandes sectores de la población que están viviendo casi en la marginalidad. Una crisis económica que ha venido acompañada de una crisis social que, por el momento, no ha terminado en revueltas, ni en actitudes incontrolables, aunque ese parece ser el temor de las autoridades, al reformar una Ley de Seguridad Ciudadana, con la que se pretende sancionar económicamente, actitudes y manifestaciones que los jueces no han considerado delictivas y, de alguna forma, controlar a movimientos, como el 15-M, que han querido erigirse en alternativas, ante el inmovilismo de los actuales partidos políticos. El proyecto de Ley afecta a los derechos de reunión y manifestación, y ha sido criticado por la judicatura y por distintas instituciones europeas.

Tanto la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como la de la Seguridad Privada, que convierte a sus integrantes, en casi miembros de las Fuerzas de Orden Público, con facultades que, en principio, deberían ser exclusivas de las fuerzas policiales ,(entre ellas, la detención y el cacheo de los ciudadanos) son manifestaciones de esa agenda oculta que tenía el Partido Popular, y que ha destapado ahora para contentar a los sectores más ultras del partido, cuando el malestar entre los votantes y simpatizantes del PP, está más en las clases medias moderadas, y en los incumplimientos, especialmente en el aumento general de los impuestos, cuando toda la campaña electoral se basó precisamente en lo contrario, en la bajada general de impuestos como estímulo para el crecimiento y la creación de empleo, y en el efecto de la corrupción sobre la credibilidad del proyecto que venía precisamente a reformar muchas cosas, y no  en el endurecimiento de determinadas leyes, donde está la clave del descontento de muchos votantes del PP.

Es el caso de la nueva Ley del Aborto de Ruiz Gallardón , que ha roto un consenso establecido, ha dividido a los españoles, ha producido profundas discrepancias dentro del propio partido, ha eliminado la posibilidad de abortar como un derecho de la mujer y ha situado a España, dentro de Europa, en uno de los países, junto con Polonia y Malta, donde el aborto está penalizado y regulado por un Estado que quiere meterse entre las piernas de una mujer, para regular lo que es un derecho que pertenece exclusivamente a quien decide si aborta o no.

En fin, el año ha estado presidido por el “caso Bárcenas” que comenzó en enero con la aparición de los papeles del ex tesorero, donde se reflejaba la doble contabilidad del partido, el cobro de donaciones millonarias de empresas constructoras a cambio de concesiones administrativas y favores en Autonomías y municipios, gobernados por los populares, y los sobresueldos en negro de la cúpula popular, y que alcanzó uno de sus puntos de máxima tensión en diciembre, con el registro de la sede central del partido, el mismo día que era registrada la sede en Andalucía del sindicato UGT, por orden de la jueza Mercedes Alaya en relación con los EREs andaluces, los cursos de formación y las facturas falsas que ocultaban todo un reparto ilegal de subvenciones.

El caso Bárcenas ha dañado seriamente la credibilidad del Presidente del Gobierno, que ha huído sistemáticamente de los periodistas, se ha negado a contestar a sus preguntas y, junto a otros escándalos como los de los ERE de Andalucía, los del sindicato socialista y otros, en Autonomías, municipios, y organismos públicos, y hasta en la misma Casa Real que se ha visto salpicada por el caso Nóos y por el comportamiento del matrimonio Urdangarin-Borbón, han colocado a España en tan difícil situación, que la ONG “Transparencia Internacional” en el segundo país, después de Siria, donde más ha aumentado la “percepción de corrupción”.

Por último el año termina con dos anuncios importantes: uno, el que ha hecho el Presidente de la Generalitat catalana Artur Mas de que sí, o sí, el 9 de noviembre de 2014 se celebrará el referéndum de independencia, en el que los catalanes tendrán que decidir qué futuro quieren para Cataluña, el otro el que han hecho los presos de ETA, respaldando el final de la violencia y reconociendo el daño que han hecho con sus acciones. En cuanto al primer anuncio lo que un 11 de septiembre de hace dos años fue calificado por el Presidente del Gobierno español como “algarabía” , se ha convertido en el problema más grave que ha tenido este país, desde la aprobación de la Constitución hace 35 años. Una Constitución que, cada año que pasa, más reclama una reforma y un profundo cambio.

En cuanto al segundo anuncio hay que matizar que quienes aceptan la actual política penitenciaria, la legalidad vigente, y el reconocimiento del daño causado, aunque sin mencionar ningún tipo de arrepentimiento, son los presos de la banda encuadrada en el colectivo de ETA (EPPK) y no la organización armada como tal. Pasos todos importantes, pero, insuficientes. Falta, sobre todo, lo que es la disolución de la banda.