Montoro, Wert…y Fernández: Pelea por ser el ministro más impopular

Dos noticias preocupantes y una alarmante, han puesto al ministro del Interior Jorge Fernández, en el primer plano de la actualidad, mientras se pelea codo con codo, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y de Educación, José Ignacio Wert, para encabezar la lista de los ministros menos valorados, y más criticados y combatidos mediáticamente del desgastado Gobierno de Mariano Rajoy.

Las noticias preocupantes nacen de la polémica que han provocado los cambios en la Ley de Seguridad Privada, por los poderes que se les darán a los vigilantes privados de seguridad, poderes que hasta ahora, estaban reservados a las Fuerzas de Orden Público, y, por otra parte, la solidaridad que ha despertado el ingreso hospitalario de varias víctimas del terrorismo, y el intento de suicidio de otra, afectadas todas por la traumática salida de prisión de más de un centenar de etarras, a los que se les ha aplicado la doctrina Parot, anulada por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Pero si estas dos noticias son preocupantes, la preocupación adquiere carácter de alarma, cuando este jueves se ha sabido que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT) ha advertido que algunas de las víctimas están intentando ponerse de acuerdo para tomarse la justicia por su mano, ante esa masiva salida de asesinos de ETA, que sólo ha comenzado, y que seguirá durante semanas y meses, asesinos que además, ni han pedido perdón a sus víctimas, ni han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento.

Lo que nunca ha ocurrido en los más duros años de plomo de la ofensiva de la banda terrorista, y durante la transición, y el mandato de varios gobiernos democráticos, se presenta ahora, como una posibilidad, como una amenaza real, con un Gobierno popular que tanto se ha refugiado, y a veces ha utilizado a las víctimas, cuando la banda ha dejado de matar y duda en entregar definitivamente las armas, y bajo el mandato de uno de los ministros del Interior más conservadores de todos los que han pasado por un puesto tan delicado y comprometido,  que siempre han contado con un plus de apoyo de la opinión pública, según se ha reflejado en todas las encuestas y con todos los Gobiernos.

No es el caso de Jorge Fernández, que en estas últimas semanas se pelea con Wert y Montoro por encabezar en todos los sondeos la lista de ministros menos valorados de un Gobierno que necesitaría de una renovación total. Su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que supone una amenaza a las libertades, y un intento de sancionar económicamente, conductas que a instancias del Gobierno, no han sido sancionadas penalmente por los Tribunales, ha provocado una advertencia del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, al calificar la Ley como “altamente problemática” por la proporcionalidad de las multas propuestas. “Creo que es altamente problemática, y si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas”.

Y su empeño en cambiar la Ley de Seguridad Privada, para dar una serie de poderes a los servicios de seguridad privados y a sus agentes, ha sido calificado por los sindicatos policiales como algo “gravísimo”. Porque grave es que los agentes privados de seguridad puedan actuar no sólo en urbanizaciones, polígonos industriales, zonas comerciales y acontecimientos deportivos, sino también en espacios y vías públicas “distintos de los previstos”. Grave es que puedan retener a ciudadanos, averiguar, comprobar o anotar sus datos personales, y gravísimo que de forma encubierta ejerzan labores de mantenimiento del Orden Público, algo que en un Estado de Derecho es patrimonio exclusivo de las Fuerzas de Orden Público. En el caso de nuestro país, la policía nacional, la guardia civil, o las respectivas Policías Autonómicas, a menos que se quiera también privatizar la Seguridad, hacerles el gran negocio a las poderosas empresas de seguridad privadas, y substituir la falta de policías (en los últimos cuatro años se han amortizado, nada más y nada menos, que 10.000 puestos policiales) por personal, que no tienen la formación y experiencia de los que, oficialmente, tienen como misión garantizar el orden público y defender las libertades constitucionales.

Solamente hay que repasar brevemente estos días la prensa internacional para comprobar la extrañeza y las dudas que han despertado fuera de nuestro país, estas nuevas leyes impulsadas por el ministro Fernández. Sólo decir que la interpretación más corriente es que el Gobierno quiere controlar todo tipo de protestas.