Montoro dispuesto a quitarle el puesto a Wert

Si el año pasado el ministro más solicitado por los periodistas en la recepción del día de la Constitución en el Congreso de los Diputados fue el ministro Wert, este año el más asediado por los medios ha sido el ministro Montoro, titular de Hacienda y Administracines Públicas, y responsable también del Ministerio de Industria, por el pacto que ha firmado con las eléctricas sobre esos 3.600 millones de euros que las eléctricas no tendrán que pagar y podrán titularizar, cuando el ministro José Manuel Soria se encontraba en Bruselas, y con el ministro de Economía Luis de Guindos y el secretario de estado de Energía Álvaro Nadal a la luna de Valencia.

El señor Montoro se paseaba ufano por los repletos salones del Congreso de los Diputados, dispuesto a que le preguntaran lo que fuese, dispuesto a substituir a Wert en el imaginario mediático, y dispuesto, cómo no, a provocar cualquier conflicto, con esas salidas de humor que muchas veces, son muy difíciles de entender. Y la tuvo, desafortunadamente, con la Agencia Tributaria, en plena guerra de dimisiones, destituciones y depuraciones, tras el grave incidente provocado por el cese de una inspectora que había decidido sancionar a la cementera mexicana Cemex y, la dimisión en solidaridad con ella, del Jefe de Inspección de grandes contribuyentes, Luis Jones, el número 3 de la Agencia Tributaria.

Después de tres días de silencio absoluto sobre el conflicto, al señor Montero, no se le ocurrió otra explicación, que afirmar que el equipo de la Agencia Tributaria estaba lleno de socialistas, sabiendo como sabía, que la mayoría de los cargos que han sido cesados después de la salida de Jones, han sido nombrados por el actual Gobierno y olvidando que en nuestro país, en la función pública, se puede pensar como se quiera, pero siempre el comportamiento de la mayoría de los funcionarios es de una profesionalidad intachable e indiscutible.

Ese simple comentario, que después quiso matizar aclarando que no se trataba de ninguna purga ni caza de brujas, sino de falta de sintonía con el nuevo director general de la Agencia, ha complicado aun más el conflicto en la Agencia Tributaria, que desde el cambio de director a raíz del escándalo de los DNI de la infanta Cristina a la que se le atribuyó propiedades que no tenía, sufrió un cambio en su dirección. El nuevo director general de la Agencia, Santiago Menéndez, ha destituido a 29 inspectores desde que llegó al cargo el pasado julio. Entre ellos, 9 de los 16 miembros de la cúpula de dirección del organismo público encargado de la gestión de los impuestos.

Algo que ha provocado la reacción de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impulse una investigación para determinar si se están produciendo “injerencias externas” en la Agencia Tributaria, ya que en las últimas semanas está en cuestión su “imparcialidad y objetividad”. Los técnicos de Hacienda sostienen que todos estos cambios se producen en un momento “muy inapropiado” para la Agencia Tributaria, ya que aún “no se han apagados los rescoldos “de las últimas polémicas sobre la sanción a Cemex y la validez de algunas facturas de Aizoon, la empresa de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón.

Los técnicos consideran que se debe abrir una investigación ante la vorágine de ceses y nombramientos en la Agencia para “despejar dudas” sobre una posible injerencia político-económica en dicho organismo. El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, cree que es “fundamental” que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, abra una verdadera investigación para “despejar dudas” de si existe una injerencia político-económica en la Agencia Tributaria, más que en centrarse en quién realiza filtraciones. Desde Gestha consideran “desafortunadas e improcedentes” las palabras del ministro Montoro, en las que dijo que la cúpula de la Agencia Tributaria estaba llena de socialistas.

De todas formas el conflicto tiene a radicalizarse pero habrá más ceses, cuando el verdadero problema es que la cuarta parte de nuestra economía funciona en negro y el fraude fiscal cada año supera los 30.000 millones de euros.