El escándalo de UGT sobrepasa el cortafuegos

Si el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, creía que forzando la dimisión del máximo responsable del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por el escándalo de las facturas falsas y la “contabilidad creativa” de la organización regional, estableciendo de esa forma una especie de cortafuegos para que las responsabilidades no llegasen más arriba, se ha equivocado de estrategia.

Setenta y dos horas después de la dimisión del máximo responsable del sindicato en Andalucía, acosado por el escándalo de las facturas falsas, las aguas desbordadas parece que pueden dirigirse hacia él, máxime cuando el Partido Popular quiere que comparezca en el Parlamento andaluz para que de todo tipo de explicaciones sobre qué era lo que sabía de los manejos del sindicato en Andalucía y del endoso a la Junta de Andalucía de numerosas facturas a cargo de los fondos del paro, de la formación, e incluso del fondo de ayuda a la mujer desprotegida.

Méndez ha tardado demasiado en entrar en el tema de las facturas andaluzas, ha tardado demasiado en anunciar que estaba dispuesto a dimitir para obligar a su compañero andaluz a salir de la madriguera en la que se había refugiado, para que asumiese unas responsabilidades a las que se negaba, y no ha valido la excusa de que cada sindicato es autónomo y que se trata de un sindicato nacional con una estructura totalmente descentralizada y confederal, para intentar quitarse de en medio.

Este mismo lunes se ha filtrado que en una reunión con responsables del sindicato, el dimitido Fernández Sevilla ha reconocido que compartía todo con “Cándido” “Comparto con Cándido todo, todo, hablo con el más que con mi mujer”. Declaración que lleva a pensar que esa supuesta descentralización en el funcionamiento de los sindicatos regionales, no afectaba al sindicato en Andalucía, y que el secretario general estaba al tanto de lo que se hacía en UGT-A, desde que aparecieron las primeras informaciones, sobre facturas falsas y sobre el dinero de la publicidad de la huelga general que se pagó a costa de la ayuda a los parados y que parecieron en el diario El Mundo a finales del mes de julio.

También este lunes se ha filtrado a través del diario ABC que la cúpula nacional del UGT cobró 600.000 euros por gestionar falsos ERE en Andalucía. La investigación de la Guardia Civil ha acreditado que la empresa “Temiqui”, dedicada a la asesoría a empresas e instituciones, ha cobrado al menos 600.000 euros en comisiones por gestionar ERE andaluces. La novedad es que se trata de una empresa que no se controla desde Andalucía, sino desde la cúpula estatal del sindicato. Esta firma está domiciliada en Madrid y tiene como único socio a la Federación Estatal de Trabajadores de las Industrias Químicas y Energéticas (FITAG), una de las diez federaciones sectoriales que tiene el sindicato a nivel nacional. El presidente de “Temiqui ” es el secretario general de la FITAG, Antonio Deusa, uno de los hombres que más poder tiene en el sindicato nacional, cuyo secretario general es Cándido Méndez, y miembro de esa misma empresa fue el sindicalista gaditano, detenido por orden de la juez Alaya, que provocó la manifestación frente a su despacho en el Palacio de Justicia, al grito de “Alaya pepera, métete en la lechera”.

El escándalo de las facturas, que sigue al escándalo de los ERE, ha traspasado ya la frontera de Andalucía, según publica Le Monde por lo que llama una “oleada de corrupción”. Según el periódico los escándalos de corrupción afectan a casi todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, y todas las instituciones, desde el poder judicial, hasta las administraciones fiscales, pasando por los sindicatos. El último asunto, la posible malversación de fondos públicos por la Unión General de los Trabajadores de Andalucía, ha obligado a su secretario general a dimitir, para que la organización pueda seguir trabajando con la mayor tranquilidad y aclarar todo para el bien de la UGT… Esperemos.