El escándalo de las facturas falsas y el desprestigio sindical

Ha hecho falta que el secretario general del sindicato Cándido Méndez haya insinuado, lejanamente, que había pensado dimitir; que todos los partidos políticos se hayan hecho eco del escándalo; que el escándalo haya llegado hasta Asia en donde se han encargado falsificaciones de maletines para regalos a los asistentes al IX Congreso de la UGT andaluza, donde fue elegida la actual dirección regional del sindicato; que la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, haya pedido a los sindicatos que sean implacables con la corrupción y que los casos que se han producido en Andalucía, y especialmente con el dinero de los parados, le causan “vergüenza y bochorno”, para que los principales responsables de las facturas falsas endosadas al gobierno autonómico andaluz, se hayan dado por aludidos y hayan convocado un Comité extraordinario para estudiar la situación del sindicato… el día 9 de enero.

En esa reunión, por lo visto se intentarán delimitar responsabilidades aunque hasta ahora, el máximo dirigente del sindicato en la Comunidad, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, se ha negado a presentar la dimisión e, incluso, a admitir que se han producido graves irregularidades en el escándalo de las facturas falsas.

Lo que no saben esos dirigentes sindicales que actúan con tanta diligencia y prontitud, es que de aquí al 9 de enero, puede pasar de todo, se puede publicar de todo y, ese escándalo que por ahora parecía que quedaba reducido a Andalucía, se puede extender como un reguero de pólvora a otras Autonomías, donde se ha actuado con la misma desvergüenza y descaro. En principio, ya ha aparecido algún caso en la Comunidad de Madrid.

Durante semanas y semanas, ante la aparición de decenas y decenas de facturas falsas con las que, a costa de los cursos de formación para los parados, o del Fondo de Ayudas a mujeres discriminadas, los máximos dirigentes andaluces del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores) han sufragado comidas, cenas, copas, fiestas, celebraciones feriales, sospechosos viajes al Caribe para cursos de cooperación y formación, y todo tipo de extraños eventos, reuniones, cumbres, jornadas, y seminarios, no se ha producido, ninguna reacción, ningún tipo de aclaración.

Por lo visto, los sindicatos no tienen por qué responder, ni dar explicaciones por ese tipo de fechorías. En todo caso, ha sido la sorprendente y peregrina explicación, se trataría de una campaña mediática para hacer olvidar el caso Bárcenas y el escándalo de los sobresueldos a la cúpula popular y la financiación ilegal del partido en el poder.

Cuando los sindicatos han aparecido muy tocados con el escándalo de los ERE andaluces, y se ha producido la detención de algún dirigente sindical imputado, la única reacción que se ha producido ha sido la convocatoria de una manifestación multitudinaria delante del despacho de la jueza Alaya al grito de “Alaya papera, métete en la lechera”. De esta forma unos 300 miembros y simpatizantes de UGT y CCOO se concentraron frente a los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla, para defender a los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo -ERE- irregulares que investiga la magistrada.

En este país los sindicatos, que reciben cuantiosísimas subvenciones del Estado, se han considerado intocables, y parece que no tienen que responder ante nadie. Este año, después de sucesivas reducciones (en la etapa de los gobiernos de Zapatero llegaron a percibir según alguna fuentes 1.000 millones de euros) los sindicatos recibirán 8,8 millones de euros en subvenciones después de que el Gobierno haya hecho efectivo el recorte del 20% previsto en esta partida presupuestaria.

Estas subvenciones no incluyen los 2,7 millones presupuestados para sufragar la participación de los sindicatos en los órganos consultivos y consejos. De esta forma, la partida que reciben las centrales sindicales para fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, se ha visto reducida en casi un 44% desde 2011 con el objetivo de reducir el déficit público.

Cada año los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT se llevan prácticamente la totalidad de estas ayudas. Así, mientras que en 2010, con el PSOE aún en el Gobierno, ambos sindicatos recibieron aproximadamente 15 millones de euros entre los dos. Un año después, esta cifra fue de 12,4 millones de euros. Mucha más subvención estatal recibe la patronal, aunque se desconocen las cifras, pero el año pasado lo que recibió superaba, según algunas fuentes, los Presupuestos del Congreso y del Senado.

Algo que a estas alturas, cuando hay que reducir el gasto público para combatir el déficit publico, resulta insólito.

1 comentario
  1. Chesmaloli says:

    Ni tiene vergüenza ni sabe de qué color es.
    Y el juguetito, se lo dan gratis de los presupuestos del Congreso que pagamos todos.

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