Carlos Fabra ha dejado de ser ciudadano ejemplar

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales y absuelto de delitos de cohecho y de tráfico de influencias, por los que el fiscal pedía un total de trece años de prisión, es muy posible que nunca ingrese en prisión, ya que sería el primer caso de alguien encarcelado por delito fiscal. Él mismo, en rueda de prensa, ha insinuado que no entrará en la cárcel.

Lo más preocupante  es que  desde el Partido Popular se está intentando transmitir la idea de que el señor Fabra no ha sido condenado por corrupción, sino simplemente por un delito fiscal, porque durante el juicio celebrado hace varias semanas no se encontraron pruebas suficientes de tráfico de influencias y cohecho en una supuesta trama en la que se cobraban comisiones a empresas por favores económico , origen del elevado patrimonio-además de su suerte en el juego hasta el punto que, según él, le ha tocado en siete ocasiones la lotería,- que ha ocultado a Hacienda y que, al final, es lo que ha provocado la condena de la Audiencia Provincial de Castellón.

Lo más preocupante es que desde el Partido Popular se está intentando transmitir la idea de que el señor Fabra no ha sido condenado por corrupción, sino simplemente por un delito fiscal, porque durante el juicio celebrado hace varias semanas no se encontraron pruebas suficientes de tráfico de influencias y cohecho en una supuesta trama en la que se cobraban comisiones a empresas por favores económicos, origen del elevado patrimonio -además de su suerte en el juego hasta el punto que, según él, le ha tocado en siete ocasiones la lotería- que ha ocultado a Hacienda y que, al final, es lo que ha provocado la condena de la Audiencia Provincial de Castellón.

Al margen de que no se hayan encontrado pruebas de otros delitos, hay que subrayar que la condena a Fabra no es una condena simple por un delito fiscal sino una condena por corrupción en tanto el condenado es un político que tiene que ser especialmente cuidadoso en sus obligaciones tributarias. Y mucho mas, como en el caso del dirigente popular, si ese político tiene una peculiar forma de administrar el dinero de los contribuyentes, como las megaobras paralizadas en la Ciudad o la construcción del aeropuerto de Castellón a donde no llegan aviones, un aeropuerto que ha costado más de 150 millones de euros, que ha dejado a la empresa pública que iba a explotarlo, Arocas, en un déficit patrimonial de 61 millones de euros, y que se ha convertido en el símbolo más visible del derroche que supuso una determinada forma de gobernar durante el desarrollo de la pasada burbuja inmobiliaria.

Se quiera o no, la condena de Fabra, por tratarse de alguien que administra el dinero público, es también una condena por corrupción, y la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón lo insinúa en tanto se le condena “por fraude en el cumplimiento de contribuir a las arcas públicas ” y por “presentarse ante la Tesorería Publica alterando los datos patrimoniales, ocultando parcialmente la estructura patrimonial del sujeto pasivo de los impuestos”.

Al final, una denuncia de hace diez años, de uno de los empresarios que confesaron haber pagado al político popular (posteriormente rectificada en el juicio oral), ha terminado en una condena por cuatro delitos fiscales, provenientes de unos ingresos de casi tres millones de euros del matrimonio, cuyo origen no se ha podido averiguar, y que el fiscal ha venido manteniendo que provenían del cohecho y del tráfico de influencias.

Por lo menos, desde la sentencia del lunes, el político castellonense ha dejado de ser un ciudadano y un político menos ejemplar que cuando en su momento  cuando ya estaba imputado por varios delitos, le defendía en esos términos elogiosos todo el partido con su presidente nacional al frente.