Historia de la libertad de una etarra histórica

“Soy etarra, pero no gilipollas”. Esa fue la respuesta de De Juana Chaos, uno de los dirigentes del Comando Madrid de ETA que, acostado, y sin mover un solo músculo, le dio al GEO que le encañonaba, en la pequeña habitación del piso de la calle Río Ulla de la capital española, cuando le preguntó el policía, en plena operación de desarticulación del peligroso comando, si era capaz de usar la pistola que tenía al lado, en la mesilla de noche.

Efectivamente, De Juana Chaos, no era un gilipollas, como tampoco lo era su compañera de comando Inés del Río. Ambos, en todo caso, se habían convertido en profesionales del terror. Hoy, uno está huido de la Justicia, en búsqueda y captura y la otra, su mano derecha, condenada a 3.838 años y un día de prisión por 24 asesinatos, salía a las cuatro y media de la tarde de este martes, envuelta en una ikurriña, de la prisión de Teixeira de la Coruña en cumplimiento del auto de la Audiencia Nacional por el que se acataba la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en contra de la llamada ‘doctrina Parot’.

El auto viene a recordar el carácter vinculante de la sentencia de Estrasburgo, de obligado cumplimiento para España, ya que nuestro país se comprometió en su momento a dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo (TEDH), al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Civiles y Libertades Fundamentales. El auto, aprobado por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sesión de urgencia, pone de manifiesto que la resolución del TEDH es “clara y concluyente”. “Incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante (Inés del Río) en el plazo más breve ya que se encuentra privada irregularmente de libertad desde el 3 de julio de 2008″. En cuanto a la indemnización de 30.000 euros impuesta al Estado a favor de la etarra, el pleno ordena que se impute al pago de las responsabilidades civiles que contrajo la terrorista en sus ocho condenas.

La salida de prisión de Inés del Río, una de las figuras históricas de ETA, se produce dentro de un clima de tensión entre las asociaciones de víctimas, que habían pedido al Gobierno que no cumpliesen la sentencia, y que ya han convocado concentraciones de protesta a partir del próximo domingo, y llena de preocupación al presidente Mariano Rajoy y a su Gobierno, que se han visto atacados duramente por dichas asociaciones desde la liberación, por estar afectado de un cáncer terminal, del etarra Bolinaga, el carcelero del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Rajoy, que basó su política de oposición a Zapatero en la lucha antiterrorista y que convocó una docena de manifestaciones por el ‘entreguismo’ del presidente socialista, teme que ahora las manifestaciones se vuelvan contra él, aunque, con suficiente habilidad, están derivando el malestar y la responsabilidad hacia Zapatero, su política y sus colaboradores más cercanos en temas de terrorismo, entre ellos, el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hay que recordar que la ‘doctrina Parot’ fue elaborada por el Tribunal Supremo en el año 2006 y ratificada por el Tribunal Constitucional para evitar la salida de prisión del etarra Henri Parot, que de acuerdo con el Código Penal de 1973 no llegaba a cumplir la pena máxima de prisión, que entonces era de 30 años. Esa doctrina se hizo extensiva, con efectos retroactivos, algo claramente ilegal, a los etarras implicados en varios asesinatos que no llegasen a cumplir los treinta años. Entre esos estaba Inés del Rio, que debería estar en libertad desde julio del 2008, si no se le hubiese aplicado la ‘doctrina Parot’, por lo que recurrió al Tribunal de Estrasburgo.

Es decir, que los causantes de la actual crisis son unos magistrados que actuaron con criterio político y no judicial, y más con el corazón que con la cabeza. El que un hombre de Zapatero, López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia, defendiese en Estrasburgo la ilegalidad de la doctrina Parot no implica al expresidente del Gobierno en este conflicto, aunque la izquierda abertzale, en las negociaciones con el Gobierno, pusiese la ‘doctrina Parot’ aplicada a sus presos como gran obstáculo para cualquier solución.