La polémica sobre la Ley de la Corona

La segunda operación de cadera del Rey prevista para dentro de dos meses, que en realidad sería la quinta en el corto espacio de menos de dos años, cuando le sustituyan la prótesis provisional que se le implantó el pasado martes, una vez desaparezca definitivamente la infección que le ha obligado a un nuevo internamiento hospitalario, y a una nueva intervención quirúrgica, abre un periodo de inestabilidad de seis meses, durante los cuales el Jefe del Estado no será sustituido en sus funciones por el Principe heredero, Felipe de Borbón y Grecia. Como en otras ocasiones anteriores, desde hace un año y medio, el Príncipe se limitará  a ejercer funciones puramente  protocolarias  y representativas, mientras el Rey, prácticamente recluido en el Palacio de la Zarzuela durante un largo periodo, seguirá ostentando todos sus poderes .

Por eso, durante toda esta  emana el principal tema mediático de debate ha sido precisamente la necesidad de elaborar cuanto antes una Ley de la Corona, una Ley Orgánica que está pendiente de desarrollo desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, por distintas circunstancias, los sucesivos Gobiernos democráticos no han creído necesaria su elaboración y porque la propia Zarzuela tampoco ha visto la urgencia de un texto legal que , normalmente,  siempre ha producido algún tipo de reticencia en alguien como don Juan Carlos,  que nunca ha contemplado la posibilidad de una abdicación, ni siquiera de una Regencia, aunque para la propia estabilidad de la Corona el  Gobierno debería abordar determinados aspectos contemplados en el articulo 57.5  de la Constitución, para lo que se necesitará un amplio consenso entre PP y PSOE, algo que no parece posible en las actuales circunstancias, por el enfrentamiento que existe por el tema Barcenas en el Parlamento.

Agobiado Mariano Rajoy, por toda una serie de problemas políticos e institucionales, el último de los cuales es el empeño del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar el año que viene el referéndum para la independencia de Cataluña, según ha vuelto a reiterar en el debate de política general que está teniendo lugar en el Parlamento Catalán, el presidente del Gobierno quiere poner fin al debate de estas ultimas semanas sobre la abdicación del Rey, sobre la Regencia y sobre el Estatuto del Príncipe Heredero, aunque es inevitable que se siga hablando sobre la urgencia de una Ley de la Corona, que regule aspectos importantes del desarrollo del articulo 37.5 de la Constitución.

Esa ley de la Corona, según el letrado de las Cortes José Manuel Serrano Alberca, autor de una tesis sobre “Orden de sucesión en la Corona: abdicación y renuncia”, con la que recientemente ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tiene que despejar  las “dudas” constitucionales que se puedan plantear sobre el orden sucesorio o, ante circunstancias como una posible abdicación del Rey Juan Carlos,  ”Una ley Orgánica  general decidiría sobre las dudas de la sucesión,  y sobre las abdicaciones y renuncias que, en ningún caso, podrían resolverse  por una  Ley para cada situación”

Desde la aprobación de la Constitución hace 35 años, solo se han aprobado dos breves reales decretos que afectan a la Casa Real, lo que explica, en cierto modo, las precauciones que ha habido en nuestro país a la hora de regular aspectos que afectan a  la Corona. El primero se aprobó en noviembre de 1981, poco después del golpe de Estado del 23-F y con la UCD aún en el poder, sobre el registro civil de la Familia Real para inscribir “los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre registro civil, que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona”. El libro quedó encabezado con la inscripción del nacimiento de don Juan Carlos.

El segundo real decreto, de noviembre de 1987, durante el  inicio de la segunda legislatura de Felipe González, se refirió al régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes. Una norma de nula capacidad legislativa que solo sirve a efectos protocolarios, de ahí que una eventual ley de la Corona suponga un avance sin precedentes, sobre todo porque regulara situaciones que, como la de ahora, da la sensación al ciudadano de que el papel del Principe queda desdibujado por su escaso papel y falta de funciones .

Pero no solamente eso, porque hay lagunas y dudas, como se ha puesto de manifiesto, recientemente, con el escandalo Urdangarin y el papel de la Infanta Cristina, de la que se ha dicho que en un  momento determinado debería renunciar a sus derechos dinásticos, algo que también según algunos constitucionalistas debería estar perfectamente regulado. Entre los expertos constitucionalistas hay un primer grupo que apuesta por una ley orgánica que sea escueta y regule cómo deben hacerse las abdicaciones y renuncias y otro grupo que quiere que se entre en todo tipo de detalles, desde una relación de las funciones del heredero hasta incluso contemplar la posibilidad de petición de divorcio por parte del Rey o de la Reina, hasta incluso regular el papel de los miembros de la Casa Real.

La realidad es que,  aunque Rajoy haya dado el tema por cerrado , la polémica continuara durante los próximos meses…