El señor Montoro no puede permanecer callado

Pasadas más de setenta y dos horas del escándalo protagonizado por la Agencia Tributaria, avalando una supuesta venta de pisos y tierras por un valor de 1,4 millones de euros por parte de la Infanta Cristina, algo que ha sido desmentido por la propia Infanta, por los actuales propietarios de los inmuebles, por la Casa Real y, por el colegio del Notariado, todavía no ha hay ninguna explicación convincente de que es lo que ha pasado, ni el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha dignado dar la cara por un episodio que pone en duda la credibilidad de los métodos usado por la Hacienda Pública en la recogida de  información, para la recaudación de los impuestos.

Lo único que cree saberse es que se trata de un error en el número de carnet de identidad de la infanta, algo que resulta insólito y confuso pero que la Agencia Tributaria no ha aclarado suficientemente, ni por supuesto el Ministerio de Hacienda. Mientras que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que abra una investigación, al igual que el Colegio del Notariado que en algún momento ha sido puesta en duda su profesionalidad, y el juez Castro ha pedido a los cuatro Registros de la Propiedad donde se escrituraron las supuestas ventas, que remitan testimonio de la hoja registral de los bienes que la Agencia Tributaria incluye en su informe registros de Alicante, Almagro, Arenys de Mar y Pilar de la Horadada. Hacienda guarda silencio a la espera de que Montoro tenga que comparecer en el parlamento a petición del PSOE y de Izquierda Unida.

El señor Montoro que se ha vanagloriado de que determinados colectivos no pagan los impuestos que deben y que ha insinuado poseer información privilegiada de la Agencia Tributaria que, en alguna ocasión ha filtrado a la prensa nombre de artistas y profesionales que están regularizando su situación simplemente por diferencias de criterios en el pago de sus obligaciones tributarias, lo que está pasando en este caso es de una notable gravedad, porque se trata de un miembro de la Familia Real, porque se trata de la petición de un juez cuya labor está siendo criticada en algunos sectores de la opinión pública nacional, porque existe un antecedente de los propios funcionarios de la Agencia Tributaria que han denunciado que no se le está prestando al juez la suficiente asistencia que merece un caso como este, y porque la publicación de esos datos falsos ha provocado una auténtica alarma social en un caso que tiene sus efectos indirecto en la Jefatura del Estado.

Refugiarse en la protección de datos de los contribuyentes como ha hecho el señor Montoro es todo menos un argumento, porque en muchas ocasiones no se ha respetado esa protección que debe tener el contribuyente y porque en este caso es la propia afectado, la infanta Cristina, la que quiere que todo quede claro, algo que conforme pasan los días no se produce, sino todo lo contrario. Produciendo, además, la sensación de que estamos en un país bananero con unos mecanismos de control para los impuestos, rudimentarios y en un clima donde el ciudadano se pregunta de si pasa eso con una infanta de España que puede pasar con un contribuyente normal que además pueda tener algún problema con el fisco por una simple interpretación de la legislación tributaria.

Por si el ambiente político nacional no estuviese cargado, ahora surge este episodio que ha producido en la opinión pública la sensación de improvisación, falta de profesionalidad e incoherencia, por parte de la Agencia Tributaria, que cuenta con un excelente cuerpo de profesionales que, en general han manifestado últimamente los criterios con los que se maneja la Inspección, y las prioridades de actuación en un país donde el principal problema es el fraude fiscal.  El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity.

Según el estudio, los fraudes preferidos son evitar el IVA, crear facturas por falsas ventas, contratar en “negro”, cobrar subvenciones indebidas, no prestar los servicios contratados, fraguar insolvencias, realizar operaciones internacionales fraudulentas, ocultar capitales y crear empresas “tapadera”.

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