Protestas antidesahucios después del rodillo del PP

En los próximos días aumentarán sensiblemente las protestas de los miembros de las Plataformas Antidesahucios, ante la decisión del Partido Popular, de rechazar parte de lo que ha sido La Iniciativa Popular, avalada por cerca de un millón y medio de ciudadanos, que fue presentada en el Congreso de los Diputados para regular la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de todos los desahucios pendientes y la regulación del alquiler social.

Después de algo menos de una semana de debates, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con los solos votos del Partido Popular y la oposición de la totalidad de los grupos políticos, ha aprobado lo que será la futura Ley de Protección de los deudores Hipotecarios con riesgo de exclusión social que introduce algunas mejoras en una Ley Hipotecaria, claramente desfavorable para el consumidor, pero que no satisface las peticiones de numerosos colectivos que han salido a la calle a protestar por unas condiciones que no tienen en cuenta las circunstancias dramáticas por las que están pasando miles de familias españolas que están sufriendo los efectos más perversos de la crisis económica, de la exclusión social y de una situación cercana a la pobreza extrema.

Como será esa legislación que ha sido el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que se ha pronunciado recientemente, sobre los desahucios en España y ha considerado que la Ley Hipotecaria es abusiva e ilegal de acuerdo con lo que establece las directivas del Consejo Europeo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Según el Tribunal, la normativa española “no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil (…) aplicar la protección que la directiva pretende conferir a los consumidores”. En este sentido, la institución europea establece que la Ley Hipotecaria vulnera los derechos de los consumidores. Uno de los aspectos que señala la sentencia es que, ante los procesos de desahucio que ordenan los bancos, la ley española no permite a que los jueces adopten “medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria”.

La resistencia del PP a aceptar todas las peticiones de las Plataformas Antidesahucios, ha provocado todo un movimiento de protesta que ha dividido a la opinión pública al llevar esas protestas a los domicilios particulares de los diputados, a los lugares donde suelen reunirse, restaurantes donde comen, o donde pueden tener momentos de esparcimientos, algo que ha provocado enfrentamientos, insultos, cartas policiales y finalmente multas a los que consideran como promotores.

Todo un movimiento llamado “escraches”, importado de la Argentina, donde se protestaba por casos desesperados de torturas o de ciudadanos desaparecidos, difícilmente comparables con los motivos de protesta en España, pero que, internacionalmente, en el caso de los escraches españoles, ha adquirido una gran notoriedad e, incluso simpatía. Por ejemplo la prensa alemana, como recogía recientemente este cronista se preguntaba qué pasaría en ese país, si la mitad de la juventud estuviera en paro y millones de personas tuvieran deudas excesivas. Y afirma que el vandalismo como el que se desató en Gran Bretaña en 2011 es algo que se desconoce en España, porque los españoles siguen teniendo demasiado que perder. La tradicional solidaridad familiar actúa como una red de salvación que amortigua las peores consecuencias sociales

¿Pero durante cuánto tiempo seguirá haciéndolo? Las protestas se vuelven más agresivas y la decisión de este jueves de aprobar una Ley en la que se rechazan una serie de peticiones populares, no va a contribuir a calmar una situación que se está saliendo de madre, porque ha dejado de ser protesta pacífica y cada día se ha ido radicalizando más y más.