Confusión en España por el rescate chipriota

El Gobierno ha seguido todo el fin de semana la evolución de los acontecimientos en Chipre con preocupación y con el temor de que la ruptura de las negociaciones entre la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), y el gobierno de Nicosia puedan producir el consiguiente pánico, con el hundimiento del sistema financiero chipriota, y su efecto contagio en España, aunque oficialmente se mantiene la apariencia de calma a la espera de la finalización de la reunión del Eurogrupo, que comenzó a las seis de la tarde de este domingo, momento en que todo estaba pendiente de un hilo por las sucesivas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en un exceso de optimismo, insinuaba que el presidente del Gobierno nos había salvado de una situación como Chipre, y que ya “las crisis no afectan a España”, debido a que la actitud del Gobierno liderado por Mariano Rajoy es “creíble” y está generando confianza en los mercados porque “España está preparada”, el ministro de Economía Luis de Guindos, desde Bruselas, advertía con un cierto tono de dramatismo, que si no se resolvía el problema chipriota, se podía producir el llamado “efecto contagio”, por el hundimiento del sistema financiero de la pequeña isla del Mediterráneo, de poco menos de un millón de habitantes y, un escaso 0,2 por ciento del total del PIB de la Eurozona.

Un rescate de 10.000 millones de euros (hay que recordar que solamente para el rescate del sistema financiero español se han empleado 52.000 millones de euros y que Bankia se ha comido más de 22.000 millones de euros), que apenas es nada para la troika, pero con el que se quería castigar a quienes habían convertido la isla en una especie de paraíso fiscal de los inversores rusos y de lavado de dinero negro de los grandes oligarcas griegos y de la antigua Unión Soviética. Un castigo que, al final, perjudicaba al pequeño ahorrador de menos de 100.000 euros con un impuesto confiscatorio de casi el siete por ciento, incumpliendo además el compromiso de todos los países de la Unión de garantizar los ahorros por ese mínimo. Es decir, que para salvar a los Bancos chipriotas sobrecargados de deuda griega en una cantidad superior a los 70.000 millones de euros, o para castigar una determinada forma de proceder del sistema, se penalizaban a los ahorradores que habían confiado en la solvencia y en la credibilidad de la Banca.

Que el Eurogrupo, por unanimidad, aceptase esa chapuza que va en contra de las leyes del sagrado capitalismo y que ponía en duda toda la credibilidad de la Unión Europea, era incomprensible; como incomprensible es que, a estas alturas, no se sepa quiénes son los responsables de aceptar ese plan de rescate, porque los alemanes le echan la culpa a los chipriotas, que quieren proteger a los oligarcas, los chipriotas a los alemanes y al Fondo Monetario Internacional, y algunos al propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al que dicen que han visto a punto de romper a llorar, negando que la Comisión haya tenido nada que ver con ese plan disparatado impropio de quienes rigen los destinos de Europa.

Un auténtico desastre, rectificado con urgencia con una nueva reunión por videoconferencia del Eurogrupo en el que también ha participado el ministro De Guindos, que votaba en Bruselas una salida disparatada e ilegal, y que, una vez en España, defendía lo contrario, asegurando que el dinero de los ahorradores estaba garantizado y que el Gobierno español estaba en contra de lo acordado en Bruselas. Habría que preguntarse cuándo decía la verdad el señor De Guindos, cuando votaba en Bruselas o cuando comparecía en Madrid, para tranquilizar a los sufridos ahorradores españoles, castigados, cientos de miles de ellos, con la estafa de las preferentes.