La corrupción y otras desgracias

Este miércoles se celebra en el Congreso de los Diputados, el primer debate sobre el Estado de la Nación con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba como líder de la oposición, un debate que corre el riesgo de convertirse, inevitablemente, en un debate sobre el estado de la corrupción en nuestro país. Una corrupción que afecta a casi todos los partidos políticos, a numerosas Instituciones, a la mayoría de las Autonomías y que se ha situado en uno de los principales preocupaciones de la ciudadanía, a raíz del caso Urdangarin, del caso Gürtel, del Caso Campeón, y últimamente del “caso Bárcenas”, sobre el que el Partido Popular ha establecido un férreo cinturón de silencio que ha impedido que pueda debatirse en el Parlamento.

Este mismo martes la Mesa del Congreso, donde tiene mayoría el PP, ha vuelto a votar en contra de ese posible pleno, así como de la admisión a trámite de un centenar de preguntas de la oposición para aclarar determinados extremos y contradicciones, sobre la situación del ex tesorero del PP y el caso de los sobresueldos en negro, algo que se quiere ocultar como sea. Es más, el debate sobre el Estado de la Nación (hay que recordar que el pasado año el señor Rajoy se negó a celebrarlo con la excusa de que en otras ocasiones no se había celebrado en fecha tan cercanas a las elecciones generales), se unirá al preceptivo debate sobre la ultima reunión del Consejo Europeo en el que se aprobó el Presupuesto de la Unión Europea hasta el 2020. Una decisión destinada a reducir y suavizar ese debate sobre la corrupción, que va a ser inevitable, dada la crítica situación del país y de los numerosos casos que están surgiendo a diario, en un clima de gran tensión social, de desgracias y sufrimientos.

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio nacional y que afectan, sobre todo, a las Comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo y otras Cajas de Ahorros locales de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos y dirigentes sindicales, que se auto concedieron escandalosas indemnizaciones, después de percibir unos sueldos desproporcionados, comparados con el tamaño y con el volumen de esas entidades que, además, llevaron a la quiebra.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como el ex ministro de Fomento y ex número dos del PSOE José Blanco, relacionado con la “Operación Campeón”- como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Según los expertos si son más de 300 los políticos imputados en casos de corrupción que ya han sido investigados, el total habría que multiplicarlo por cuatro o cinco que estarían relacionados con casos no descubiertos o que estarían siendo investigados.

De todas formas, ni el Gobierno ni la oposición, quieren un debate centrado exclusivamente en la corrupción, un debate que, en el fondo, no beneficia a ninguno de los dos grandes partidos, que terminarán, inevitablemente, en el “tú más”, ni es el tema exclusivo de lo que ha sido la labor del Gobierno desde la victoria electoral de noviembre de 2011.

Rajoy va a presentar como un éxito el que, a estas alturas, salvo el rescate financiero, no se haya producido, como se temía, el rescate del país por los problemas de la Deuda, y la oposición va a insistir en el desgaste desproporcionado en el que ha caído el propio presidente del Gobierno y varios de sus ministros, por lo que volverán a pedir dimisiones… en cadena.