Cataluña sigue adelante con su desafío independentista

Por si faltara poco en el estado crítico en el que se encuentra el país, conmocionado por los últimos casos de corrupción, especialmente por las cuentas suizas del ex Tesorero del PP Luis Bárcenas y por los supuestos sobresueldos pagados en negro a dirigentes y responsables del aparato del PP; y desconcertado con las modificaciones hechas a última hora en la legislación sobre la Amnistía Fiscal que ha permitido a Luis Bárcenas, a pesar de estar incurso en un proceso judicial, acogerse a ella, el Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una declaración soberanista que es el pórtico del referéndum de independencia, que está previsto para que tenga lugar en el año 2014 y que se convocará según las últimas declaraciones del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Maspons, quiera o no el Gobierno central y decida lo que decida el Tribunal Constitucional.

Un auténtico desafío que, en las actuales circunstancias de crisis institucional, política, económica y social, supone un notable agravamiento de la situación a la que, por el momento, no parece que quiera hacerle frente el Gobierno central y su presidente, convencido de que el ardor independentista actual irá remitiendo, con lo que ha decidido no empezar a intervenir hasta que formalmente se convoque el referéndum, para entonces recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, aún con el riesgo de llegar demasiado tarde, porque mientras tanto, al tiempo que se están poniendo las bases de la independencia catalana, el ministerio de Hacienda no para de transferir fondos económicos sin que se sepa qué cantidad de esos fondos están siendo transferidos a ese proceso bautizado como de “transición nacional”. Algo que es difícil de entender para una opinión pública cada vez más alarmada por una escalada que no tiene la consiguiente respuesta por parte del Gobierno central.

Es más, la Generalitat sigue sin cumplir los objetivos de déficit comprometidos por las comunidades autónomas y 2012 se va a cerrar con un déficit de un 2,3 por ciento del PIB, en vez de 1,5 por ciento comprometido. Una responsabilidad que la Generalitat atribuye, como era de esperar, al Gobierno central, al no flexibilizar el señor Montoro los objetivos de déficit para Cataluña, que es lo que al final ha precipitado, según el consejero de Economía Andreu Mas-Colell, el proceso independentista catalán.

Un proceso que ha empezado este miércoles con la aprobación por el parlamento catalán por una amplia mayoría (84 de 135) de una propuesta en la que se reconoce que “el pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano” y que según el principio de “legalidad democrática” será la voluntad expresada democráticamente por la sociedad catalana “la garante fundamental del derecho a decidir”.

Por la tanto el Parlamento catalán cree que “el proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas a través de la deliberación y diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que resulte sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será la garante fundamental del derecho a decidir”.

Un texto que ha dividido a CiU, que al final ha terminado votando Unió, a pesar de la supuesta ruptura con Convergencia, que se han pronunciado en contra con coherencia PP y Ciutadans, y que ha producido en el socialismo catalán tal división que se ha roto la disciplina de partido y el sector más catalanistas del PSC (cinco diputados) no han querido votar en contra como había ordenado el líder del PSC, Pere Navarro.

Una mala noticia más, en el complicado escenario nacional, complicado ahora con los nuevos pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que económicamente 2013 será peor que 2012, con lo que se disipan esas esperanzas de que la recuperación empezará al final del último trimestre de este año.