A un año de la investidura de Rajoy

Esta semana se cumple un año de la investidura, por 177 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones, de Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno de España, después de su triunfo, por mayoría absoluta en las elecciones generales del 20 de Noviembre de 2011.

Una investidura que venía a confirmar el mayor poder que ha tenido un presidente de Gobierno en la reciente historia democrática española, en tanto que controla el poder Ejecutivo y el Legislativo, tiene una gran influencia en el nombramiento de quienes administran el poder Judicial, y a diferencia de otros Jefes de Gobierno en nuestro país, cuenta con la mayoría del poder Autonómico y del poder municipal, ya que su partido, el Partido Popular, ganó las elecciones europeas, municipales y autonómicos, y volvió a revalidar la mayoría absoluta en las elecciones regionales en Galicia el pasado mes de marzo.

Un poder casi absoluto, conseguido en las urnas pero que, a la vista de los acontecimientos, está sirviendo de bien poco, ya que según ha reconocido el propio presidente del Gobierno, el no está haciendo lo que quiere, sino lo que quieren que él haga, es decir lo que quiere Bruselas, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y, después del rescate bancario, también el Fondo Monetario Internacional (FMI), los que controlan realmente las decisiones de política económica, en un país que tras numerosos ajustes y recortes, ha entrado de nuevo en recesión, una recesión prolongada que continuará, como mínimo, el primer trimestre del año que viene, según el vaticinio de todos los analistas.

Un año después de aquella investidura hay que decir que el crecimiento no solo se ha estimulado, como prometió Rajoy en su discurso, sino que estamos, como digo en plena recesión económica; con nuestro sistema bancario intervenido por Bruselas y por el Banco Central Europeo; con menos autonomía para desarrollar un esquema de política económica propia; con una destrucción de empleo que ha alcanzado el récord en la Europa de los 27, con unas cifras de paro juvenil por encima del 48 por ciento, y, con unas perspectivas de superar, con creces, los seis millones de desempleados según algunos servicios de estudios y analistas; con la mayoría de las Autonomías en quiebra a la espera de ser rescatada por el Estado, mientras el Estado está pendiente de pedir el correspondiente rescate de la Deuda soberana, después de que el Banco Central Europeo haya decidido seguir aceptando Deuda pública española; incumpliendo, de nuevo, después de tantos ajustes y sacrificios, las cifras de déficit; y por encima de todo, esperando las instrucciones de la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y, soportando un progresivo empobrecimiento de nuestros estándares de vida.

Es verdad que el Gobierno saliente dejó una herencia envenenada, con cinco millones de parados, un déficit por encima del nueve por ciento (90.000 millones de euros ), una enormidad de deudas pendientes, y una sensación de derrota y de desánimo, que se han acentuado durante los últimos doce meses, especialmente porque el partido en el poder ha venido haciendo exactamente lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral. Ha subido el impuesto sobre la Renta (IRPF), ha retocado al alza el IVA, ha subido los impuestos especiales, ha congelado el sueldo de los funcionarios públicos, cuando no los ha disminuido, ha traspasado esa línea roja de las pensiones que no han sido revalorizadas como se había prometido (“nuestro objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas” decía Rajoy), el país se ha empobrecido hasta unos extremos que nadie pudo pensar y, ha empeorado el clima social y político, en lo que parece la incubación de una crisis de imprevisibles consecuencias que no se sabe como y de que forma, puede estallar.