El escándalo de las ayudas a los Bancos

Al mismo tiempo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hacía pública la noticia de un nuevo suicidio, motivado por un inminente desahucio, por una deuda de 14.000 euros con el Banco en un pequeño pueblo del Valle del Bidasoa, en Navarra, (el cuarto según versiones oficiales, aunque pueden haber más que por miedo al llamado efecto llamada, no se han hecho públicos), el comisario europeo de competencia, el español Joaquín Almunia comunicaba oficialmente, los detalles de la concesión del rescate bancario a nuestro país, y, presentado desde el principio, por el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, y por el Gobierno, como una gran operación financiera para nuestro país y por el propio Rajoy, casi como un regalo, a pesar de que esos 37.000 millones de euros de ayuda, tarde o temprano, entrarán a formar parte del déficit, según exigencia de Alemania y de los países que tienen la calificación de triple A en su deuda pública.

Al mismo tiempo, sin que el suicida navarro del pequeño pueblo del Bidasoa haya tenido la oportunidad de enterarse, Caixabank (la Caixa), se acaba de quedar en subasta pública convocadas por el FROB (Fondo de Reordenación Bancaria), por un euro (1 euro) el quebrado Banco de Valencia, tras recibir 4.500 millones de euros a cuenta del rescate bancario, aprobado por Bruselas y, otros mil millones anteriores. Es decir 5.500 millones de euros de dinero público. Una compra bastante beneficiosa y que habrá producido un cierto escándalo social.

Miles y miles de millones de euros, sobre todo, para la las Cajas de Ahorros que han sido hundidas por sus administradores y sus Consejos de Administración, en cuyos asientos se han sentado durante años políticos de todas las tendencias, representantes de los sindicatos y los personajes más variopintos de la sociedad española, ligados casi todos, a los intereses de los partidos o de Instituciones políticas, mientras aumenta el número de familias que entran en la exclusión social, se producen cientos de desahucios diarios y se deterioran los servicios sociales, y el llamado estado de bienestar.

El peaje que tendrá que pagar España por ese rescate, que según han venido repitiendo una y otra vez las autoridades, no llevaba consigo ningún tipo de condicionalidad, y que afectarán a Bankia, Banco de Valencia, Novagalicia y Catalunya Banc, supone que en el caso de Bankia las redes de oficinas se reducirán a la mitad de lo que representaban en 2010, que las entidades tendrán que someterse a una profunda reestructuración en un plazo de cinco años. Además, deberá centrar su modelo de negocio en la banca minorista, tendrán que operar en los lugares de España donde estaban presentes. Evitarán los préstamos al sector promotor, y venderán y liquidarán sus filiales o participaciones industriales. Tampoco podrán llevar a cabo prácticas comerciales agresivas y los tenedores de instrumentos. CatalunyaCaixa y Novagalicia deberán ser vendidas en un plazo de cinco años de tal forma que “antes de diciembre de de 2017″ deberán estar integradas en otras entidades.

Bankia reducirá su plantilla en 6.000 personas, lo que supone más del 25% de los 20.126 empleados de la entidad y esa reducción de empleados se acometerá durante varios años, algo que el ministro de Economía ha querido achacar a una imposición de Bruselas para no asumir ningún tipo de coste político después de repetir una y otra vez que no había condiciones impuesta ni por el Banco Central Europeo ni por Bruselas.