De la “algarabía” a la crisis del sistema

Este martes con el debate de política general en el Parlamento catalán comienza, de hecho, la “hoja de ruta” de Convergencia i Unió, para la independencia de Cataluña, según la petición de millones de catalanes realizada en la manifestación del pasado 11 de Septiembre en Barcelona.

Durante todo este pasado fin de semana Artur Mas, presidente de la Generalitat y Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, han estado preparando cuidadosamente el debate parlamentario que, probablemente, se centrará en el Pacto Fiscal, la principal reivindicación para lo que Convergencia cree que es la soberanía fiscal de la “nueva Nación,” una soberanía hacia la que ya se ha dado el primer paso, con el correspondiente acuerdo con las Diputaciones para que, igual que en el País Vasco, sean las encargadas de recaudar todos los impuestos (el germen de lo que sería una Agencia Tributaria propia ), algo que está fuera del alcance de la Constitución, y que fue rechazado la semana pasada por el presidente del Gobierno, en su encuentro con el presidente catalán en el Palacio de la Moncloa.

Igualmente en el debate Convergencia i Unió (CiU, 62 diputados), Iniciativa per Cataluña (10) Esquerra (10), Solidaritat Catalana (3) y Joan Laporta (86 diputados sobre un total de 135) aprobarán una resolución en la que se reconoce el derecho de los catalanes a decidir su futuro.

El debate servirá también, para que todos los partidos políticos se pronuncien sobre la manifestación multitudinaria del 11 de Septiembre; sobre la deriva de difícil retorno que ha tomado la política catalana después de la masiva reivindicación independentista; sobre la reacción que a nivel internacional, ha tenido la postura adoptada por Convergencia i Unió que ahora quiere aprovechar electoralmente los réditos de la protesta, en perjuicio de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC); sobre el proyecto de ingreso de Cataluña, escindida de España, en la Unión Europea (UE), para lo cual la Generalitat ha solicitado ya a Bruselas los correspondientes informes jurídicos, aunque se trata de un caso inédito por la forma en que se produce (hay un precedente lejano con la república turca de Chipre vetada por Grecia y Chipre) y, sobre la convocatoria de unas elecciones anticipadas plebiscitarias y ” constituyentes” que según algunas versiones serían prohibidas por la Administración central, algo jurídicamente imposible si se cumple, como así será, la legalidad según el estatuto de Cataluña.

Esas elecciones se celebrarían a finales de noviembre o, principios de diciembre, darían la mayoría absoluta a Artur Mas, en cuyo programa electoral se incluiría de alguna forma la independencia, se le darían a esas elecciones autonómicas el carácter de constituyentes y se declararía la independencia de Cataluña en el Parlamento Catalán. Solo entonces, es cuando podría intervenir el Gobierno central, recurriendo el acuerdo ante el Tribunal Constitucional que tiene la última palabra. Solo en caso de una rebelión contra la decisión del Constitucional, el Gobierno se plantearía activar el articulo 155 de la Constitución, y la suspensión de la Autonomía.

Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado con una gran prudencia, cree en todo caso, que el contencioso debe ir al Parlamento como ocurrió con el llamado “Plan Ibarretxe” rechazado mayoritariamente por el Congreso de los Diputados hace siete años, en pleno gobierno de Rodriguez Zapatero, (ver la crónica de republica.com “Artur Mas se Ibarretxiza ” ) y piensa en la aprobación de un nuevo modelo de financiación, atendiendo de esta forma, la petición de numerosas Comunidades Autónomas, pero sin posibilidad de que, en ese nuevo modelo, tenga cabida un nuevo “Cupo” para Cataluña, similar al que históricamente ha funcionado en el País Vasco y Navarra, y que está reconocido en la Constitución. Igualmente como medida de urgencia el Gobierno ha convocado una reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno español, para el próximo 3 de octubre.

Pero, a pesar de la prudencia y de la aparente tranquilidad del Ejecutivo y de su presidente, la preocupación es evidente porque, todo este calendario de acontecimientos que se inicia este martes, con el debate político en el Parlamento catalán, afecta directamente a la credibilidad de España como país, al cumplimiento de sus compromisos económicos con Bruselas, al inminente rescate que se ha empezado a negociar con el Eurogrupo y sobre el que están presionando ya varios países y a la tesis defendida en los órganos decisorios de Bruselas de que el gran problema del déficit español es, precisamente, el sistema autonómico que tenemos y que es difícil de controlar desde el punto de vista económico y de déficit.

Si además se plantean problemas de escisión del territorio en Cataluña y, eventualmente en Euskadi, si como parece,el próximo 21 de octubre ganan los partidarios y defensores del derecho a decidir por un País Vasco Libre, estamos ante algo más que un lío, ante mucho más que una “algarabía”. Estamos ante la crisis más grave que ha vivido este país desde que se implantó la democracia. Estamos ante una crisis de sistema.