El escándalo Dívar debe terminar cuanto antes

La reunión este miércoles del pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, para examinar la querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Dívar, por posibles delitos de malversación de caudales públicos, estafa o apropiación indebida y, la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de aceptar, por fin, su comparecencia en el Parlamento, coloca el escándalo del presidente del Supremo y de sus viajes privados a Marbella, sufragados con dinero público, en un estadio superior y, muchas más cerca de lo que parece una inevitable dimisión del cargo.

A pesar de los pronósticos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha venido manteniendo que el “caso Dívar” es un caso cerrado, y del interés de la Fiscalía General del Estado, en que no se admita ningún tipo de querella argumentando la inexistencia de delito, en un comportamiento que ha provocado no solo toda una ola de alarma social, sino de indignación ciudadana, los detalles que se van conociendo revelan que estamos ante uno de los casos más bochornosos de la reciente historia de nuestra democracia, en tanto afecta a quien es la cuarta autoridad del Estado, y al presidente del máximo órgano judicial de nuestro país, y cómo no, en las circunstancias en que se produce.

Ya el hecho de que una parte de la sala de admisión de lo Penal del Supremo, haya decidido (tres a dos) que el tema es competencia del Pleno de la Sala, que se reúne este miércoles, es una desautorización expresa de la tesis de la Fiscalía General del Estado y de quien tiene tanto interés en dar por cerrado el escándalo y remite la decisión final al parecer de catorce magistrados, entre los que se encuentran varios que pueden emitir los correspondientes votos particulares, con todo lo que eso significa para el desprestigio de Dívar

Un Dívar que, sorprendentemente se aferra al cargo, a pesar de que se ha demostrado que ha empleado dinero público para una veintena de viajes particulares a Marbella (a esos viajes se han añadido otros doce sospechosos también de utilización de dinero público), que ha mentido sobre la persona que le acompañaba en estos largos fines de semana “caribeños” (de (jueves a martes) y objeto de esas atenciones protocolarias y de cenas para dos, y que no tiene nada que ver con nada público y oficial, sino, simplemente, con una relación personal con el jefe de su escolta, un policía nacional de la escala básica que además ocupa el puesto de “ayudante personal”, desde que hace dos años fue nombrado presidente del Supremo.

Las sucesivas mentiras con las que ha intentado cubrirse el señor Dívar, su concepto del manejo del dinero público, el estar convencido de que está por encima de cualquier tipo de control, su negativa a dar explicaciones en el Parlamento, su vergonzosa comparecencia ante la prensa el pasado 31 de mayo, intentando cubrir con el manto del secreto de Estado una relación personal a la que tiene pleno derecho, siempre que no traspase el estricto terreno privado, han creado tal clima de indignación en la opinión pública, que, es imposible que pueda seguir presidiendo el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.

Probablemente, el Partido Popular que, hasta ahora, ha hecho del presidente del Supremo, una gran defensa, ha comenzado a darse cuenta de su error y, por eso ha aceptado, su comparecencia ante la Comisión de Justicia para que haga un balance de las actividades del Consejo el pasado año (algo que estaba previsto preceptivamente para el mes de septiembre), sabiendo, como sabe, que detrás de esa petición del grupo Izquierda plural, solo hay un interés por preguntarle por los detalles de ese gran escándalo que debate este miércoles el Pleno de la Sala Penal del Supremo.

Antes de otro espectáculo parecido al del día 31 ante la prensa, sería aconsejable, por el prestigio de la Justicia, que presentase la dimisión.