El irritante caso de Carlos Divar

Cuando hace cuatro años el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, ante el asombro de parte de su gabinete y de miembros de su partido, le propuso al líder de la oposición Mariano Rajoy, el nombre de Carlos Divar, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ante el bloqueo en el que se encontraban desde hacía meses las negociaciones para la renovación de los distintos puestos del Consejo, tanto el máximo responsable del Partido Popular como expertos del partido en temas de Justicia, pensaron que en la propuesta había algún tipo de trampa o de sorpresa, a pesar de que el personaje, militante del Opus Dei, se consideraba cercano a las posiciones del partido conservador.

La verdad es que se trataba de una improvisación más de Rodríguez Zapatero (como aquella que coloco a Alberto Oliart, al frente del consejo de Radio a Televisión Española) aunque la sorpresa, la desagradable sorpresa, se producía hace unos días, gracias a la denuncia del consejero José Manuel Gómez Benítez abogado que fue de Baltasar Garzón, que acusaba a Divar de malversación de caudales públicos, por haber utilizado dinero de la Institución para más de veinte fines de semanas ( fines de semanas denominados en el Consejo como “Caribeños” ya que duraban de jueves a martes,) durante los cuales, él y su acompañante, que hasta ahora no ha sido identificado, gastaron más de doce mil euros en hoteles de gran lujo y en cenas sin justificar, algo que Divar ha considerado públicamente como una auténtica “miseria”.

Abierta la correspondiente investigación por parte de la Fiscalía, el fiscal encargado del caso, no ha encontrado indicios de delito, le parece normal que esos gastos estén sin justificar, que se ignore este tipo de viajes que ha realizado con tanta asiduidad el señor Divar y, que admita que hay determinados temas que deben considerarse reservados, dentro de las actividades del presidente del Consejo y del Supremo.

Dentro de la crisis económica, política, e institucional que está viviendo el país, y que recientemente llegó a afectar a la propia figura del Jefe del Estado, tras el escándalo del viaje privado a Botswana a la caza de elefantes, en pleno conflicto de la deuda pública y la prima de riesgo, el conflicto judicial que acaba de estallar, y que afecta, de lleno, a la credibilidad de la Justicia, y nada más y nada menos, que al presidente del Supremo complica, aún más, la solvencia de un país donde todo está puesto en duda, desde el prestigio de la clase política que constituye el tercer problema para la ciudadanía, hasta el prestigio de algo tan importante para el funcionamiento democrático de cualquier país como es la Justicia, que en este caso, ha quedado, para escándalo público, en un camino de imposible retorno.

Pero siendo grave lo que ha ocurrido, lo sorprendente es que a muchos de los consejeros les parezca normal que el presidente se niegue a dar ningún tipo de explicación de lo que ha hecho con ese dinero, cuáles son las gestiones que ha venido realizando con tanta asiduidad en Marbella, qué tipo de asuntos “reservados ha tratado que tienen que permanecer en la total obscuridad, cuando aquí se han conocido hasta, lo que se gasta en fondos reservados”.

Y más sorprendente todavía es que haya afirmado que da el caso por cerrado, que no tiene que dar ninguna explicación, que no comparecerá ante la prensa y que no tiene la menor intención de dimitir aunque en su fuero interno reconoce que el escándalo le ha hecho un daño irreparable a la Justicia . Lo que al margen de la discutida decisión de la Fiscalía, la realidad es que el señor Divar no puede seguir en el puesto. Sus compañeros tienen la última palabra.