El fiscal general del Estado quiere conocer el expolio de las cajas

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha pedido al fiscal jefe Anticorrupción que depure todo tipo de responsabilidades en el escándalo que ha afectado a numerosas cajas de Ahorros donde se han producido delitos de estafa, apropiación indebida,  falsedad documental e incluso fraude fiscal.

La nacionalización de Bankia ha sido, con el hundimiento de la acción en Bolsa y la pérdida de casi el setenta por ciento de su valor tras el cese de su presidente Rodrigo Rato, que todavía no se sabe que tipo de acuerdos económicos ha firmado para su inevitable salida, el último episodio de una dolorosa reconversión del sector que ha provocado miles de despidos y prejubilaciones el cierre de miles de sucursales y el enriquecimiento de una “casta” directiva que se ha llevado miles de millones en pensiones, prejubilaciones e indemnizaciones, muchas de ellas por dejar en situación de quiebra muchas de sus entidades.

Se ignora el montante total del expolio, se habla de una cifra cercana a los 85.000 millones de euros y todo sigue sumido en el misterio por la existencia de una especie de ley del silencio que, apoyándose en la protección de datos, impide conocer toda la verdad.

Sin embargo, ya corre por las redes sociales un primer ‘ranking’ de supuestos beneficiarios que, tras recibir durante años salarios desproporcionados comparados con el resto del sector y dietas millonarias, han dejado sus puestos con indemnizaciones que, en estricta justicia, deberían devolver. La mayoría pertenecen a partidos políticos, entidades culturales o sindicatos, o fueron designados por ellos para representar a los impostores que nunca se enteraron de los tejemanejes de sus supuestos representantes en los órganos de las cajas. Y además, no son precisamente los que más dinero se han llevado de ese “gran reparto” que habría que investigar hasta el fondo. He aquí una primera entrega.

José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia ha recibido una pensión de entre 15 y 20 millones de euros

Lucas Hernandez, ex director general e Caja Duero ha recibido una indemnización de 1,3 millones de euros

Francisco Fernández, ex vicepresidente de Caja España ha cobrado 500.000 euros como trabajador en excelencia de la entidad.

Roberto López Abad, ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se prejubiló junto a cuatro otros altos ejecutivos de la Caja con 12,8 millones de euros.

Joep Maria Loza, ex director Caja España -Duero cobró diez millones de euros entre indemnización y plan de pensiones.

Maria Dolores Amorós, ex directora general de la CAM pactó una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales que posteriormente, tras la intervención del Banco de España, fue anulada por los tribunales.

Ricard Pages, ex Presidente de caiga Penedes Cuenta con un plan de pensiones de 11 millones de euros.

Dimito Parra , ex director general del Banco de Valencia (Bancaja) Pacto una indemnización para su salida de 7,5 millones de euros.

José Luis Pego ex director general de NovoCaixaGalcia Pacto el pago de 10,8 millones de euros en concepto de indemnización y despido.

Juan Salido, ex director general de Caja Sol (Banca Cívica) Se prejubilo con una pensión de 950.000 euros

Manuel Troyano, ex director general de Caixa Penedes pactó, junto con otros tres directivos, una pensión por un volumen de 20 millones de euros.

Manuel Escribano, ex director general de Ceja Segovia Se prejubilo con una pensión de seis millones de euros.

Este ultimo caso, el de Caja Segovia, está siendo uno de los mas difíciles de investigar por el pacto de silencio que existe entre las antiguas autoridades y Consejo de Administración de la caja, porque los antiguos responsables de niegan a proporcionar ningún dato sobre las cuentas y porque quienes han intentado solicitar explicaciones y han insistido en la publicación de los datos, especialmente desde UPy D (Unión Progreso y Democracia), han sido incluso llevados a los tribunales, entre ellos la portavoz del partido en Segovia Luciana Miguel, precisamente por pedir que salgan a la luz todos los datos y todos los papeles.

Se calcula que esta pequeña caja que se integra en Bankia (se desconoce en que situación patrimonial se encontraba) ha pagado en prejubilaciones y pensiones de oro nada mas y nada menos que 85 millones de euros, aproximadamente 13.500 millones de pesetas, cantidad que si se extrapola al resto de las Cajas puede salir la gigantesca cifra de 8.500 millones de euros, un auténtico expolio en el que están metidos tanto los partidos políticos como los sindicatos.