La corrupción de cada día

No hay día sin escándalo, ni jornada sin una comparecencia importante en los Juzgados por corrupción ni descanso para los cronistas de Tribunales.

Si ayer fue el auto del juez de Palma de Mallorca José Castro sobre las responsabilidades del Duque de Palma en el Instituto Nóos, responsabilidades que van mucho más allá que las de un simple relaciones publicas o, de encargado de relaciones institucionales, en ese intento de culpabilizar de todo a su socio Diego Torres (que volverá a prestar declaración en mayo), hoy es la aparición en unas bolsa de basura de un ordenador del testaferro belga de Urdangarin, en el que aparecen datos de operaciones de supuesto blanqueo de dinero en Suiza por trabajos lleno de fantasías (trasvase de aguas en Jordania o construcción de viviendas en Tánger) que nunca se realizaron, pero que se pagaron religiosamente.

Si ayer declaraban ante el Tribunal Supremo en el “Caso Campeón” en el que el que está implicado el exministro de Fomento José Blanco acusado de tráfico de influencias y de haber recibido dinero del empresario gallego Jorge Dorribo por determinadas gestiones a favor de sus negocios, el exsecretario de Estado de Transportes y el jefe de gabinete del ministro, hoy la noticia es que el presidente de la Diputación Provincial de Lugo José Antonio Varela Agrelo es socio de Dorribo en determinadas actividades y que el magistrado que habría intervenido en la puesta en libertad de Dorribo, ha presentado una denuncia contra él, por extorsión.

Si la noticia de la semana pasada era el ingreso en prisión del exdelegado de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, el encargado de administrar el llamado “fondo de reptiles” de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Andalucía, la noticia de esta semana es que ese escándalo se ha extendido a la empresa Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta Andaluza, que repartió, sin ningún tipo de control ni de informe previo, más de cincuenta millones de euros .

Pero es que, además, acaba de conocerse que en el caso “Emarsa”, la quiebra de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia, donde se ha producido un supuesto saqueo económico de 25 millones de euros, ha habido ejecutivos de la empresa que se han hecho trasplantes de pelos, a cuenta de los fondos públicos, igual que se han utilizado servicios de prostitutas, facturados como traductoras de rumano, mientras proliferan los casos de corrupción a todos los niveles, en todos los partidos y, en Ayuntamientos de muchas Autonomías.

Por eso, en esta situación y, en este clima, el indulto acordado la semana pasada y conocido este miércoles, por parte el Consejo de Ministros, de dos destacados dirigentes de Unió, condenados a cuatro y a dos años de prisión, por malversación de caudales públicos y corrupción, es una burla a la ciudadanía y motivo de verdadera alarma social. Cuando, además, uno de ellos, adscrito a la consellería de Trabajo, ya había sido condenado por similares delitos en la Consejería de Turismo. A pesar de esos antecedentes, no solamente no entraron nunca en prisión, sino que las penas a las que fueron condenados han sido convalidadas por una multa de poco más de tres mil euros.