Déficit y despilfarro autonómico

No habrá flexibilidad ninguna con el cumplimiento de las cifras de déficit de las Comunidades Autónomas, las principales causantes del deterioro del déficit del pasado año y que han contribuido decisivamente a que el objetivo final se haya disparado, hasta el punto de llegar a un 8,51 por ciento, dos puntos y medio más que lo establecido en el Plan de Estabilidad.

Mientras el Gobierno ha comunicado a Bruselas que no cumplirá este año el objetivo del 4,4% y ha establecido, en un auténtico órdago a la Comisión Europea, que su objetivo es cerrar el año en el 5,8 por ciento, no está dispuesto, bajo ningún concepto, flexibilizar los objetivos de déficit de las Comunidades Autónomas, como han venido exigiendo las Autonomías que no están gobernadas por el Partido Popular: Cataluña, Andalucía y Canarias.

Las Autonomías no solo son las causantes del desbordamiento del déficit público del pasado año, sino que cerraron el ejercicio de 2011 con un déficit del 2,94%, lo que supone una desviación del 1,64% del objetivo previsto, que era del 1,3%, objetivo que ha sido ampliamente superado por Comunidades como Castilla-la Mancha, Valencia o Murcia.

De esta forma, las comunidades tendrán que reducir el déficit del 2,9% que registraron al cierre de 2011, al 1,5% del PIB en un año, lo que supondrá un ajuste de más de 15.000 millones de euros, para cumplir con los nuevos objetivos que ha planteado el presidente Mariano Rajoy.

No cabe duda que esos recortes abren una etapa nueva en el llamado Estado Autonómico, teniendo en cuenta que parte de ese gasto que hay que reducir, porque está transferido, forma parte del llamado estado de bienestar, como la sanidad, la educación, y los servicios sociales, y replantea el futuro de un Estrado demasiado gigantesco y, sobre todo, demasiado caro como el español.

Aquí, según la tesis que defiende Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido de Rosa Díez, en su estudio sobre el Estado Autonómico aparecen las instituciones que, según coinciden PP y PSOE, han surgido a imagen y semejanza del Estado central.

Las Comunidades Autónomas tienen su versión del Consejo de Estado en los distintos Consejos Consultivos, su propio Defensor del Pueblo o del Menor, su Tribunal de Cuentas, Consejos de Consumo, Consejos Económicos y Sociales, Tribunales y Consejos de Defensa de la Competencia y en algunas como País Vasco, Cataluña y Madrid, agencias de protección de datos. Al margen del interés del País Vasco o Cataluña en tener su propia red de acción exterior -existen ya ocho embajadas vascas y cuatro catalanas- las 17 comunidades autónomas disponen desde hace años de su propia oficina comercial en Bruselas.

Hoy existen 2.181 organismos para 17 comunidades y dos ciudades autónomas. La cifra engloba entes con distintos nombres: organismos autónomos administrativos, organismos autónomos comerciales, entidades públicas empresariales, entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles y universidades. A pesar de la crisis y de los esfuerzos de austeridad que se están haciendo en otros ámbitos, ahora existe el mayor número de estos entes desde que empezaron a contarse, en 2003, y sólo en 2010 el incremento fue de 169 con respecto a 2009, según el inventario de entes dependientes de las Comunidades Autónomas que elabora el Ministerio de Economía. Para UPD estos organismos son “un agujero negro de las cuentas públicas”. Aquí figuran las televisiones autonómicas y locales que, según un informe de Deloitte, sólo en 2008 perdieron en conjunto 1.600 millones de euros.

Todo un despilfarro que pone en duda el propio modelo de Estado Autonómico.