Valencia: La culpable se llama Paula Sánchez de León

Las protestas estudiantiles en la Comunidad Valenciana por los recortes económicos en Educación, que ha llevado al profesorado a una situación extrema, y que ha llegado a afectar, incluso, a la calefacción de los centros escolares e Institutos -la chispa que ha provocado en última instancia las primeras manifestaciones en la calle- se han convertido en un auténtico conflicto político, por la torpeza de la nueva delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, por el comportamiento nada profesional del nuevo Jefe Superior de Policía de la Comunidad. Antonio Moreno y, por el intento político de algunos sectores, de criminalizar lo que es, simplemente, el derecho de manifestación, reconocido en la Constitución.

En este sentido, ni la recién nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, que ha llegado al puesto por quitarle al actual presidente Alberto Fabra, un problema de encima, dada su cercanía y complicidad que siempre ha tenido con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps , ni el Jefe superior de Policía de Valencia, que ha tenido la torpeza de calificar a los manifestantes de “enemigos” , como si no fuesen ciudadanos con el derecho constitucional a manifestarse públicamente, han dado la talla, en unos momentos claves en los que, por la propia situación de crisis económica, y la frustración social que produce esa crisis, hay que tener un especial tino político, sentido de la medida y habilidad negociadora.

Desde diversas instancias oficiales se ha querido poner el acento en la violencia de los manifestantes, y en el protagonismo que han tenido en esas manifestaciones supuestos miembros de grupos antisistema , cuando, ninguna de las imágenes que se ha podido contemplar de las movilizaciones reflejan ni mucho menos esa realidad violenta.

Ni escaparates rotos, ni coches quemados, ni policías agredidos y heridos, y si ciudadanos normales y corrientes agredidos brutalmente, padres que se manifestaban con sus hijos golpeados, y estudiantes menores de edad heridos y detenidos en comisarías.

Las protestas que durante este martes se han extendido a varias ciudades españolas en solidaridad con los estudiantes valencianos por la brutalidad empleada por la policía, que probablemente se ha limitado a cumplir órdenes superiores, se ha convertido en un problema político para el Gobierno de Rajoy porque va mas allá de lo que está ocurriendo en Valencia y , porque puede servir de espoleta de un malestar contenido que puede explotar en cualquier momento.

En Valencia, miles de estudiantes, profesores y padres de alumnos, han exigido la libertad de todos los detenidos sin cargos y, sobre todo la dimisión o cese, de la delegada del Gobierno que es la que no ha sabido enfrentarse con el primer problema serio que ha tenido desde que fue nombrada a principios del mes de enero.

En la actual situación política, se ha establecido la regla de que todos los que son designados para un puesto importante tanto en el Gobierno, como en el partido, ni siquiera tienen la posibilidad de ser preguntados si aceptan el cargo y si están preparados, según ellos, para desempeñarlo. Todos aceptan a ciegas.

En el caso de la delegada del Gobierno en Valencia, nombrada para resolver un problema interno que tenía el nuevo presidente de la Generalitat Alberto Fabra, es evidente que no se ha acertado. Ni tiene la mano izquierda suficiente para el cargo, ni parece la persona adecuada para resolver los conflictos que se presenten en una Comunidad que, por otra parte, ha vivido manifestaciones de protestas contra la corrupción y movilizaciones de los integrantes del l5-M, mucho más importantes y graves que las concentraciones de simples estudiantes que han salido a la calle para protestar, entre otras cosas, por el frío que pasan en las aulas por el corte de las calefacciones.