Reacciones a una reforma nada equilibrada

Los sindicatos se han refugiado, por el momento, en el radicalismo verbal y han convocado concentraciones en toda España como primera reacción al decreto ley de reforma laboral, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y han manifestado su máxima prevención a la convocatoria de una huelga general, algo que han vivido casi todos los Presidentes del Gobierno, alguno por motivos menos graves que esta reforma, la más importante,y profunda que se hace en España desde la llegada de la democracia.

Como era de esperar, tanto Comisiones Obreras como la Union General de Trabajadores han puesto el acento en la influencia decisiva que en la reforma han tenido el Fondo Monetario Internacional, la pareja Merkozy (Angela Merkel y Nicolas Sarkozy), el Banco Central Europeo, la patronal CEOE y el Banco de España (se desconoce por qué no han metido también a Emilio Botín y alBanco de Santander) y han mostrado la máxima prudencia sobre el calendario de movilizaciones, especialmente ante la posibilidad de convocatoria de una huelga general, algo que tanto preocupa a Mariano Rajoy, que no pudo aguantarse en su momento, e intento desahogarse contandoselo a los presidentes de Finlandia y Holanda en la primera Cumbre Europea a la que asistió.

Los sindicatos saben que gran parte de los trabajadores, por pura supervivencia, están de acuerdo con el espíritu de la reforma laboral y con la necesidad de adaptar los salarios a una mayor productividad y competencia. Igual que saben que, en estos momentos, a pesar de la dureza de la ley y de las nuevas facilidades que se introducen para un despido más barato, el miedo a perder el puesto de trabajo y la desconfianza hacia las organizaciones sindicales, son decisivos para el éxito o fracaso de una huelga general como se vio en la ultima convocatoria contra el Gobierno Zapatero por su minireforma. En esa ocasión el fracaso fue tan sonado que desemboco, después de la consiguiente autocrítica, en una autentica crisis sindical.

Sin haber leído todavía la encuesta que publica este domingo el periódico ‘El País’, los sindicatos son conscientes de que la ciudadanía se encuentra preparada para asumir una reforma laboral destinada a que la economía gane en competitividad y que para ello es necesaria la reforma de los convenios colectivos, cambios en la forma de los despidos, en la fexibilizacion de los contratos a tiempo parcial e incluso en esa nueva forma de contratación conocida como ‘minijob’.

Lo confirma la citada encuesta que arroja un 66 por ciento de ciudadanos, entre ellos un 56 por ciento de los que han votado socialista, que creen necesaria la reforma laboral, aunque gran parte de los enuestados, hasta llegar a un 70 por ciento, se manifiestan radicalmente en contra de una bajada de salarios con razones tan arbitrarias como recoge la reforma aprobada el viernes, ya que deja en mano del empresario cualquier rebaja salarial invocando la productividad.

De esa bajada salarial no informo el Gobierno, durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, algo sorprendente, porque probablemente es el tema que va a producir mas enfrentamientos y mas rechazos, aunque se invoque, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado la competitividad

Según ese texto, las empresas pueden rebajar los sueldos de sus trabajadores por razones técnicas, económicas, organizativas o de producción, sin necesidad de ningún tipo de acuerdo.

Es más, si el trabajador no acepta la rebaja salarial, simplemente porque la empresa cree que no es productivo puede ser despedido alegando, simplemente, motivos organizativos o económicos y, despedido, además ,con veinte días por año trabajado con un limite de doce meses. Algo que no se ha conocido hasta que se ha sido publicado y que ha sido ocultado cuidadosamente por la vicepresidenta y portavoz Soraya Saenz de Santamaría y por la propia ministra de Empleo, Fátima Bañez, que sigue manteniendo que estamos ante una reforma equilibrada, cuando en realidad esa disposición rompe cualquier equilibrio y deja a los trabajadores en una situación de gran precariedad y enorme arbitrariedad.