El Caso Urdangarin y la igualdad de la Justicia

Las declaraciones que este fin de semana tienen que prestar ante el juez José Castro, que investiga el caso “Palma Arena”, el socio de Iñaki Urdangarin , Diego Torres, y varios de los implicados en la trama del Instituto Nóos, pueden decidir el futuro judicial de la Infanta Cristina de Borbón .

Un futuro judicial complicado, según fuentes jurídicas solventes, y que depende del resultado de las declaraciones que todos estos días han venido realizando empleados del Instituto Nóos, o personal contratado, aunque el testimonio más importante será el de Diego Torres, que rompió con el Duque de Palma, por diferencias económicas en el reparto de comisiones en el año 2008, según consta en el sumario por varios correos electrónicos de ordenadores requisados en los registros realizados en la sede de Nóos y en la de la empresa patrimonial de los Duques de Palma, Aizonn, S.L.

En circunstancias normales, según esas fuentes, la Infanta debería haber sido convocada ya como testigo, dado que fue vocal del polémico Instituto, supuestamente montado sin ánimo de lucro, al tiempo que participaba al cincuenta por ciento en la empresa familiar Aizoon, de la que se benefició económicamente (ganó en tres años 571.000 euros después de una inversión de 1.500) , además de que una parte del dinero cobrado del Gobierno balear por los montajes deportivos y de congresos, fue empleado en la restauración del lujoso Palacio de Pedralbes en Barcelona,

Entre otras muchas implicaciones económicas, la empresa de los Duques de Palma, recibió del Instituto Nóos, en un solo año, entre 2004 y 2005, alrededor de 748.000 euros en concepto de apoyo logístico para eventos financiados por administraciones públicas, algo que la Fiscalía Anticorrupción considera como trabajos ficticios por lo que, las operaciones podrían constituir claros delitos de fraude.

Ha sido, precisamente, un magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, miembro de la Junta Electoral Central (JEC), el que se ha pronunciado a favor de que la Infanta Cristina preste declaración “Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe”, ha afirmado al ser preguntado sobre si cree necesario que declare la hija del Rey.

“Parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él arrastró a la compañera, que parece que no es una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio”, ha añadido después de recordar que el Rey en su mensaje de Navidad insistió en que la justicia debe ser igual para todos.

Eso es precisamente lo que ha comenzado a debatirse en todos los medios tras conocerse que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez José Castro, que está investigando a Urdangarin por fraude a la Administración, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales.

El Consejo del Poder Judicial quiere investigar las filtraciones del sumario que se han ido produciendo desde hace semanas, incluso desde antes de la imputación de Urdangarin.

Diligencias que no se han abierto en ninguno de los casos últimos más mediáticos, como el “caso Brugal”, la trama “Gürtel”, el “Caso Campeón” o el mismo “Caso Blanco”, el caso del exministro de Fomento, acusado de cohecho y tráfico de influencias en el Supremo.

Por otra parte, también está siendo debatida la polémica decisión de no grabar el próximo día 25, el interrogatorio al que se someterá Urdangarin (se han grabado hasta los del juez Baltasar Garzón) para evitar, sobre todo, según la versión oficiosa, que las imágenes puedan ser utilizas en programa televisivos del corazón. El Duque de Palma solamente podrá ser fotografiado a la entrada de los Juzgados.