Soraya se reconcilia con su electorado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la principal protagonista de todos los medios, tras su comparecencia el martes en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados donde presentó todo un programa de reformas legales que ella ha querido encuadrar dentro de ese ansiado apartado de “regeneración democrática” pero que, sin ser tal, suponen un verdadero cambio y, un avance, después de ocho años de gobierno socialista.

Cambios dentro del Consejo General del Poder Judicial donde la mayoría de sus miembros serán elegidos por jueces y magistrados y donde, por primera vez en estos últimos años, se intenta que el Consejo, al igual que otras instituciones, no sea reflejo de la mayoría política que gana las elecciones.

Con esa tesis que se pone en práctica en 1985, se produce el fenómeno de que el partido que gana las elecciones, y las gana por mayoría absoluta , se queda prácticamente con todo, con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo, y con el Judicial, además de contar con la mayoría de los medios de comunicación, especialmente las televisiones públicas y autonómicas y, cómo no, con el favor del poder financiero y bancario que para eso quienes ganan en las urnas, heredan ese instrumento tan importante como el Boletín Oficial del Estado.

Soraya Sáenz de Santamaría, en una verdadera exhibición de poder, no sólo ha anunciado la importante reforma del Consejo del Poder Judicial, sino, también, algún cambio en el Tribunal Constitucional (pendiente de renovación desde hace meses), en los servicios de información (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) con un nuevo estatuto de personal y con el compromiso de la vicepresidenta en tanto el CNI depende de ella de informar periódicamente sobre los fondos reservados ; en la Televisión Pública que sigue sin presidente y que tendrá que hacer frente a su programación con un menor presupuesto; en las televisiones públicas autonómicas a las que se quiere facilitar la posibilidad de que puedan ser privatizadas y, prioritariamente, en todo ese marasmo de empresas públicas donde hay que proceder al cierre de muchas, al tiempo que se mete a fondo las tijeras en casi todas.

En España hay casi 4.000 entes públicos entre empresas, organismos autónomos, entes, agencias, consorcios, y fundaciones, que mantienen a cerca de 700.000 trabajadores. Más de la mitad, dependen de las Comunidades Autónomas, 300 del Estado y, el resto, a los Ayuntamientos y Diputaciones. Todos estos organismos acumulan una deuda de 57.000 millones de euros. Y, la mayoría, gastan con pólvora del Rey, sin el mínimo control ni por parte de la Administración Central, la Autonómica o la Local

En este aspecto Soraya Sáenz Santamaría se ha convertido en una “Manostijeras”, obsesionada por el ahorro que se aplicará a rajatabla en los gastos de representación, en las cúpulas directivas de las empresas públicas, en la restricción de tarjetas de crédito, y en la progresiva reducción de altos cargos.

Capítulo aparte que tiene más influencia en la imagen que se quiere transmitir a la opinión pública que en la cuantificación del gasto, es el capítulo de los coches oficiales, un capítulo escandaloso, teniendo en cuenta que España tiene, en estos momentos, una flota de coches oficiales por encima de los 35.000 vehículos, casi los mismos que tiene una potencia económica como Japón que, además, tiene una población tres veces superior a la española.

Como ha ocurrido en la Comunidad de Castilla-La Mancha muchos de estos vehículos se pondrán a la venta en pública subasta.

Esta primera intervención de la vicepresidenta del Gobierno, en la Comisión Constitucional del Parlamento, si se lleva a cabo todo lo expuesto, es todo un programa atractivo que reconcilia al PP con su electorado, después de medidas difícilmente digeribles como el aumento de impuestos, algo que va frontalmente en contra de su programa electoral y de lo que prometieron.