Unos recortan y otros saquean

En medio de una ola de recortes económicos que está ahogando a las Autonomías, reduciendo las nóminas de miles de trabajadores y provocando despidos masivos, se van conociendo también noticias sobre abusos y despilfarros que constituyen claros delitos penales, muchos de los cuales son los causantes de la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas instituciones y Autonomías.

Los últimos datos hechos públicos de la situación de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), adscrita a la Autonomía de la Comunidad Valenciana, donde se han traspasado todas las líneas rojas por parte de sus administradores es, probablemente, uno de los escándalos más sonados de saqueo de una institución financiera que era la cuarta de España, a la que los administradores han llevado a la quiebra al convertirla en una simple promotora inmobiliaria y con la que han jugado como si fuese un patrimonio personal a repartir entre un grupo de privilegiados nombrados por los partidos políticos y sindicatos.

Que a estas alturas, después del escándalo que supuso hace unas semanas el descubrimiento de que siete miembros del Consejo de Administración de la CAM (entre ellos su presidente, Modesto Crespo, un personaje de la confianza de Francisco Camps, cuyo único mérito en su currículo era dirigir una concesión de coches de lujo en Alicante) recibieron en los últimos cuatro años préstamos por un total de 71 millones de euros, parte de ellos a cero interés, se hayan descubierto nuevos fraudes por parte de los administradores de la entidad, obliga a que la Fiscalía acelere las investigaciones sobre varias de las denuncias presentadas, entre ellas una en nombre del Movimiento 15-M .

Lo último que se ha conocido es el cobro de 13,3 millones de euros por parte de cinco directivos de la CAM, intervenida por el Banco de España, quebrada, y con un agujero que supera los 15.000 millones de euros.

Estos cargos de la CAM ejecutaron, justo días antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, el cobro íntegro de sus prejubilaciones, pactadas cuando la caja había entrado en barrena y sus administradores estaban más preocupados por su futuro personal que por el de una Institución que había llegado a ser una de las más importantes del país.

Pero es que hay más. La ex directora general de la Caja, María Dolores Amorós, que tras la intervención del Banco de España, sorprendentemente continuaba trabajando en la Caja, parece que al fin va a ser despedida tras descubrirse que había pactado con el cesado presidente de la entidad, el tal Modesto, una pensión vitalicia de 30.791 euros mensuales (369.497 euros anuales) .

A este importe, además, se le aplicó una revalorización del 2% anual desde la jubilación efectiva. La cifra crecería con las prestaciones que le corresponderían de la Seguridad Social, del plan de pensiones de CAM y del fondo interno acumulado.

Para fijar el importe se partió de su retribución como directora general, cargo que en dicho momento no tenía confirmado. La designación de Amorós exigía su ratificación por la asamblea, tres días después de acordar la pensión vitalicia.

Evidentemente con ese tipo de prácticas, esa forma de administrar una Caja de Ahorros y ese modo de confundir lo público con lo privado, se entiende una quiebra que puede ser histórica y por la que sus responsables se han querido premiar con indemnizaciones, prejubilaciones, y rentas vitalicias a cargo del contribuyente. Hay que recordar que el Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones de euros para recapitalizar y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez.