Sigue la indignidad del Consejo de RTVE

Los Consejeros de Radio Televisión Española (RTVE) que intentaron establecer una especia de censura previa controlando el sistema de edición de noticias de los telediarios y de los programas informativos e, incluso, el contenido de las preguntas que le iban a ser formuladas a los invitados a los programas de la televisión pública, en plena campaña electoral, no sólo no han dimitido de sus puestos como pedían los miembros de informativos de la Corporación, la Asociación de la Prensa de Madrid y amplios sectores de la opinión pública, sino que, es posible que alcancen aún más poder del que antes tenían.

El único que ha dimitido ha sido el representante de Comisiones Obreras Héctor Maravall, un abogado laboralista histórico del sindicato que participó en las negociaciones para los Pactos de la Moncloa, y en las que dieron origen al Pacto de Toledo, y que por coherencia, ha admitido su error al abstenerse en una votación que ha provocado el desprestigio de un Consejo de Administración que ha perdido la poco credibilidad que aún tenía.

Sorprendentemente, ni los Consejeros que votaron a favor de la moción (Partido Popular y Convergencia i Unió), ni los socialistas que se abstuvieron y que contribuyeron a la aprobación de la misma, han dimitido, ni tienen la menor intención de hacerlo, sino todo lo contrario: tendrán un especial protagonismo en los meses claves que quedan para las próximas elecciones generales.

Es más se han quejado a los responsables de los informativos de TVE por el eco que le han dado a los telediarios a sus posturas personales, mientras han corroborado que la presidencia del Consejo en el mes de octubre, un mes preelectoral, será para la consejera del Partido Popular Rosario López Miralles.

Rosario López Miralles, que ya intentó el control del sistema de edición de TVE (inews) en la etapa en la que fueron presidentes del Ente Luis Fernández y Alberto Oliart, es la que propuso, y consiguió, la aprobación de la controvertida medida de control.

Dentro de poco, desde principios de octubre, la veremos presidiendo la Corporación según ese disparatado acuerdo de que no hace falta elegir ningún presidente formal por parte del Parlamento, ya que la presidencia será rotatoria entre los once consejeros que actualmente quedan activos después de que el Parlamento haya declinado nombrar, de acuerdo con los principales partidos políticos, no sólo a un nuevo presidente tras la dimisión de Oliart, sino a seis nuevos consejeros cuyo mandato está ya caducado.

La verdad ¿para qué iban a dimitir si hasta los partidos que les propusieron no han querido dar esa batalla hasta el final, en defensa de la dignidad del Consejo?

Así pues, cada consejero que ha asegurado su puesto, seguirá cobrando nada más y nada menos que 120.000 euros al año, a cargo del bolsillo del contribuyente, seguirá disfrutando de una secretaria y un asesor personal para una labor profesional que es mínima, tendrá un despacho en el céntrico edificio de Torrespaña, disfrutará de una tarjera de crédito oro, utilizará un móvil gratis, sin ningún género de restricciones, así como de un iPad. En muchos casos también dispondrá de coche oficial y chofer.

Para ellos dimitir sería una verdadera tragedia. Pero lo malo es que los partidos que les han propuesto y nombrado, lo consienten.