Una reforma constitucional impuesta por el directorio europeo

Lo que era un Pleno extraordinario del Parlamento para aprobar un nuevo paquete económico para reforzar la lucha contra el déficit público con un plan de ahorro de cinco mil millones de euros, algo que ha sido aprobado solamente con los voto del partido socialista, se ha convertido en un pleno constituyente, en el que el Presidente del Gobierno, ya de salida, ha propuesto la reforma de la Constitución para incluir en la misma un techo y un control del gasto público, tal como han venido pidiendo la canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Nicolas Sarkozy.

Se ignora si esa reforma constitucional,  que cuenta con el visto bueno de Mariano Rajoy y del candidato socialista Pérez Rubalcaba, ha sido impuesta por el Banco Central Europeo o por la Comisión Europea,  a cambio de la compra masiva de deuda pública española durante estos últimos días, ante el aumento de la prima de riesgo por encima de los cuatrocientos puntos.

Por lo menos eso parece desprenderse de la reiterada petición que durante el debate parlamentario ha hecho el líder de la oposición, Mariano Rajoy, preguntando una y otra vez si existía una carta del BCE y si se podía conocer el texto de esa carta. El presidente del Gobierno se ha negado a contestar hasta en tres ocasiones.

La reforma de la Constitución, un tema hasta ahora tabú, solo se abordo en el año 1992, tras la aprobación del Tratado de Maastricht para reconocer que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida. Esto supuso, entonces, una modificación del articulo 13.2 de la Constitución, que se hizo con el consenso de todos los partidos políticos y sin necesidad de referéndum.

Es el mismo procedimiento que se va a seguir ahora, procedimiento previsto en el articulo 87.3 de la Carta Magna, y englobado dentro de lo que se denomina “reforma ordinaria de la Constitución”, que tiene que contar con el voto de los tres quintos de cada cámara (Congreso y Senado) sin necesidad de acudir a referéndum,  a menos que así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

Es el procedimiento que Zapatero ya tendría pactado con Rajoy y que se podría poner en marcha, según ha anunciado el presidente del Congreso, José Bono, los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Como se puede comprobar, es una reforma precipitada, probablemente forzada por el directorio europeo que es el que nos ha impuesto el duro plan de ajuste y que no termina de fiarse de nuestros políticos (la reacción inmediata de la Comisión Europea alabando la decisión constitucional es de por sí significativa) y que ni aborda uno de los grandes temas constitucionales pendientes, como el derecho de sucesión al trono de las mujeres; ni, por supuesto, los temas que grandes sectores de la población vienen reclamando sobre aspectos fundamentales de la reforma democrática española,  como la elección directa del presidente del Gobierno, la reforma de la Ley electoral, el reforzamiento de lo que debe ser la separación de poderes, y otras muchas reivindicaciones que ya han calado en la opinión publica y, sobre todo, en los sectores mas jóvenes y dinámicos de la sociedad española.