La gran huida de Antonio Troitiño

Este miércoles se cumple una semana de la huida del etarra Antonio Troitiño, uno de los más sanguinarios asesinos de la banda terrorista, sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura para que cumpla, según decisión de la Audiencia Nacional y, de acuerdo con la doctrina del Supremo sobre el caso de Henri Parot, los seis años que le quedan de “cadena perpetua”.

Troitiño fue condenado a dos mil quinientos años de prisión por veintidós asesinatos, entre ellos los de doce guardias civiles que se dirigían en autobús al Parque de Automovilismo en la calle Príncipe de Vergara de la capital española, en un atentado llevado a cabo por el “Comando Madrid”, del que formaba parte en 1986, cuatro años después de haber ingresado en la organización armada.

Fue una de las acciones más violentas de ETA, y el comienzo de una notable escalada que siguió con la masacre de Hipercor en Barcelona y que convirtió al comando Madrid, del que también formaba parte Iñaki de Juana Chaos, en una obsesión para la policía y para el gobierno de Felipe González.

La posición de la sección tercera de la Audiencia poniendo en libertad a Troitiño, basándose en que al ser juzgado por el Código Penal antiguo no se veía afectado por la doctrina Parot , recurrida, además, en el Tribunal Constitucional, ha provocado un auténtico escándalo político y judicial que ha aprovechado el Partido Popular para radicalizar su discurso y poner al Gobierno contra las cuerdas, sobre todo cuando hace una semana se supo que Troitiño había huido, entre otras razones porque no se habían tomado las medidas de vigilancia para tenerlo permanentemente controlado.

Aunque esas medidas de vigilancia, una vez puesto en libertad, eran ilegales, no cabe ninguna duda que los servicios de información de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que tienen el control de los movimientos de la mayoría de los etarras que están en el Sur de Francia, deberían haber activado sus mecanismos para impedir una huida que, en cierto modo, era evidente.

Probablemente, esa vigilancia era ilegal, pero todo el mundo sabe que los servicios de inteligencia tienen la obligación de moverse en un terreno que a veces está reñido con la estricta legalidad y que es ese el juego que tiene que desarrollar, aunque si se demuestra algún tipo de ilegalidad tendrán que asumir sus responsabilidades como le ocurrió el desaparecido CESID cuando se demostró, como era su obligación, que estaba vigilando a Batasuna, cuando ese partido era legal.

La huida de Troitiño, como en su día la de Josu Ternera con Mariano Rajoy de ministro del Interior, en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ha servido al Partido Popular para acosar al Gobierno y para poner en duda que, a pesar de todas las declaraciones oficiales y actuaciones policiales en contra de ETA, que no esté negociando con la banda.

Es la tesis que viene manteniendo el sector más duro del Partido Popular, que encabezan los ex ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes.

El propio Mayor que viene insistiendo en que nunca se ha dejado de negociar y que el Gobierno ha estado al tanto de todas las maniobras de Batasuna para participar en las elecciones de mayo, ha dado un paso más y ha insinuado que la libertad de Troitiño estaba en el guión.

En declaraciones a varios medios Mayor Oreja ha insistido en que la libertad de Troitiño “no es casual”, sino un gesto necesario para la negociación que según él sigue manteniendo el Gobierno con la banda.

Su conclusión es que “la banda quiere ayudar al PSOE en las elecciones generales y más si el candidato es Rubalcaba”.