Libia: las contradicciones de España

Quienes pudieron ver el telediario de la nueva de la noche de Antena 3 Televisión, para completar la información que tenían de la decisión del Parlamento español el pasado martes, de participar en el conflicto libio, debieron quedarse de piedra cuando oyeron a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, negando que estemos ante un escenario de guerra.

“No estamos exactamente en una guerra, sino en el cumplimiento de una resolución de la ONU que nos pide a los países que formamos parte de la coalición que se establezca una exclusión aérea para tratar de evitar que las fuerzas del régimen Gadafi bombardeen a la población Libia”, corregía la ministra de Asuntos Exteriores española al presentador, Matías Prats, que le preguntaba sobre cómo iba la guerra de Libia.

Según la tesis de la titular de Exteriores, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1973, autorizaba a la llamada coalición a mantener la intervención militar “hasta que no haya peligro para el pueblo libio” y, por tanto, a evitar que “Gadafi siga bombardeando a la población”.

“Cuando consigamos neutralizar estos ataques por parte de Gadafi”, insiste la Ministra “daremos por concluida la misión encomendada” con lo que da a entender que el último objetivo no está, ni muchos menos, terminar con el coronel Gadafi.

Las declaraciones de la ministra no hace sino añadir más confusión a la participación española en la “guerra de Libia”, una participación que, como en Afganistán, responsabilidad exclusiva del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se quiere revestir de ayuda humanitaria y de ese “buenísimo” que ha impregnado toda la política exterior del presidente del Gobierno.

Si en Afganistán, España, según la tesis oficial, está presente en labores de reconstrucción y de ayuda a la población y no en labores de combate claro contra los talibanes, en Libia, estamos presente, en tanto hay que ayudar a la población civil para que no sea masacrada por un Gadafi al que España durante años ha armado hasta los dientes, con todo tipo tecnología según han puesto de manifiesto los telegramas filtrados por el portal de Internet Wikileaks y, con el cual no estamos dispuestos a terminar.

Si confusas y, profundamente contradictorias, son las declaraciones de la máxima responsable de la diplomacia española, no menos desconcertante son las informaciones que han trascendido después del debate parlamentario del martes, en el que se aprobó la entrada de España en la “guerra”, relativas a la labor que tienen que realizar los F-18 españoles que tienen su base en Italia y que todavía no se sabe bajo qué autoridad están actuando.

Según se ha sabido ahora (algo que no salió a relucir el  martes en el Parlamento, donde la falta de debate obscureció una votación mayoritaria a favor mayoritaria de la intervención) los aviones españoles solamente están autorizados a vigilar la zona de exclusión y no tienen autorización para atacar a las fuerzas libias a pesar de ir equipados de misiles aire-aire para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Frente a la interpretación que hace Francia de la resolución de la ONU: “adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en Libia” (párrafos 6 y 7 de la resolución), por la cual destruyó varios blindados que se dirigían hacia Bengasi, para combatir a los llamados “rebeldes”, España no ha dado autorización a sus aviones para ese tipo de intervención bélica.

De esta forma, a las contradicciones en las que está la coalición (Francia, Inglaterra, Estados Unidos) sobre el objetivo final de la intervención y, sobre todo, la coordinación de la misma, se añaden las propias contradicciones españolas, fruto de un buenísimo y falta de realismo, mezclados con toda una trayectoria de condena de cualquier tipo de guerra…