Lio diplomático sobre el Sahara

La intención del nuevo Gobierno de tener 15 portavoces distintos, uno por cada ministerio, para explicar la labor del Ejecutivo y que hace unos días provocó un auténtico caos al opinar todos sobre el fin de ETA (desde el vicepresidente Rubalcaba, hasta el ministro de Fomento, José Blanco, pasando por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez), ha vuelto a pasarle factura al Gobierno especialmente en un tema tan sensible como la política exterior a propósito de la “Intifada” en el Sahara Occidental, que tiene en jaque a la diplomacia española.

Una simple frase del nuevo ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en una interpelación parlamentaria sobre la restricciones marroquíes a periodistas españoles y diputados de distintos partidos políticos en El Aaiún, en la que introdujo el matiz de que la antigua provincia española del Sahara forma parte actualmente del “núcleo duro de la soberanía del país”, se ha interpretado como el reconocimiento del Gobierno español, por primera vez en estos treinta y cinco años de conflicto, de la marroquinidad del Sahara Occidental.

Tal ha sido el revuelo que el propio Jáuregui se ha visto obligado a aclarar que en ningún momento ha hecho un reconocimiento de la soberanía marroquí. “Se trata”, según él, “de un contencioso que está pendiente desde hace 35 años de una solución política bajo los auspicios de la ONU”.

“En la actualidad –según Jáuregui- es Marruecos quien determina, por su capacidad de administrar ese territorio (el del Sahara), quién entra y quién no entra en él.”.

Las palabras de Ramón Jáuregui vienen a reconocer algo que ni siquiera la ONU ha admitido: que Marruecos es la potencia administradora del Sahara.

Es más, en el año 2002, el entonces jefe de la asesoría jurídica de la ONU, Hans Corell afirmaba que España seguía siendo la potencia administradora aunque no pudiera ejercer su función. “El Acuerdo de Madrid- señalaba la ONU- no transfirió la soberanía sobre el territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios, la condición de potencia administradora, condición que, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”.

Aunque Jáuregui, ha intentado matizar sus palabras ante el alud de reacciones, ha sido la ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez la que ha tenido que salir a explicar desde Ecuador, convocando con urgencia a los periodistas y, donde se encuentra preparando un próximo viaje del presidente del Gobierno, que España no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara y que solamente “constata”, como el resto de los países, la situación de control del territorio por parte de Marruecos, sin que eso signifique un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el antiguo territorio que, en su momento, llegó a ser provincia española y que incluso tuvo representación en las Cortes franquistas.

De todas formas, ni ella ni el ministro de la Presidencia, que han negado conjuntamente que el Gobierno español estuviese informados previamente de la acción que iba a desarrollar el ejército marroquí contra el campamento de saharauis cerca del Aaiún, han realizado ningún tipo de condena ni de reproche a la acción de Rabat, que se complica por días, según van llegando las escasas noticias del territorio, mientras aumenta el número de detenidos y, también, de desaparecidos.

A pesar de esta contención, todos los periódicos marroquíes siguen atacando a la prensa española, a los miembros de las ONG´s,que han intentado manifestarse y entrar en El Aaiún a los que acusa de estar al servicio de la inteligencia argelina, e incluso, a los políticos que se han interesado por la situación en la zona, al tiempo que pone el acento en la marginación que sufren los marroquíes en los “territorios ocupados” de Ceuta y Melilla y, en lo que llaman “Intifada” de Melilla, queriendo hacer una comparación con la protesta de los saharauis en el campamento desmantelado por el ejército marroquí, el pasado lunes.

Igualmente, destacan la condena de la Cámara de Consejeros por la “agresión racista de las autoridades española de ocupación contra varios ciudadanos marroquíes que se manifestaban en Melilla lo ocupada a raíz del deterioro de su situación económica y social”.